Sentencia dispone la paralización inmediata de trabajos de exploración y refuerza la protección de áreas ambientales vulnerables en la región norte
SANTIAGO. En una decisión considerada histórica por organizaciones ambientalistas, la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia de Santiago ordenó la paralización inmediata de los trabajos de exploración minera que realizaba la empresa Vertrixi Holding, SRL en diferentes comunidades de la Cordillera Septentrional, una de las zonas ecológicas más sensibles del país.
La sentencia fue dada a conocer este 5 de junio, Día Mundial del Medioambiente, como respuesta al recurso de amparo presentado por el ambientalista y abogado Winston Vásquez Valera, con el respaldo de la Fundación Acción Verde, el movimiento Unidos Somos Más, la Fundación Fambiente y representantes de la Iglesia Católica, entre ellos los sacerdotes Nino Ramos y Rainer Vásquez.
Mediante la decisión No. 0514-2026-SSEN-0026, emitida el 4 de junio por la magistrada Alicia Guzmán, el tribunal acogió la acción constitucional y ordenó detener las labores vinculadas al proyecto minero “Cobre El Hoyazo II”, que contemplaba exploraciones de oro, plata, cobre y otros metales básicos en zonas de amortiguamiento de áreas protegidas.
La sentencia también instruye al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y al Ministerio de Energía y Minas a supervisar el cumplimiento de la medida. Además, establece una astreinte de RD$500,000 por cada día de incumplimiento, a partir de la notificación oficial de la decisión.
Los accionantes sostuvieron que las exploraciones autorizadas mediante la Resolución R-MEM-CM-013-2024 vulneraban disposiciones de la Constitución y de la Ley General sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales (Ley 64-00). El tribunal consideró válidos los argumentos presentados y acogió las pretensiones de protección ambiental planteadas en el recurso.
La decisión judicial es vista como un precedente relevante para la defensa de los recursos naturales y los derechos de las comunidades afectadas. Asimismo, abre la posibilidad de nuevas acciones legales por parte de propietarios de terrenos que alegan haber sido afectados por trabajos realizados durante el proceso de exploración minera en la zona.
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