El imputado enfrenta múltiples querellas por difamación, injuria, chantaje y amenazas en varias jurisdicciones del país
Bartolo García
Santiago, R.D. – Un tribunal del Distrito Judicial de Santiago impuso este martes medidas de coerción contra Ángel Ramón de Jesús Martínez Jiménez, quien enfrenta una querella por difamación e injuria, además de otras denuncias en distintas provincias por delitos similares.
El procesado, arrestado el pasado domingo en un hotel del Distrito Nacional tras no presentarse ante la fiscalía de Santiago, deberá ahora cumplir con una serie de medidas impuestas por la jueza Yiberty Polanco Herrand, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente.
Entre las medidas dispuestas se encuentra la presentación periódica ante las autoridades judiciales, el impedimento de salida del país y la colocación de un grillete electrónico para monitoreo continuo.
El fiscal litigante Elvin Ventura informó que la decisión judicial responde a la gravedad de las acusaciones y al historial del imputado, quien ya ha sido objeto de procesos judiciales en otras demarcaciones, incluyendo el Distrito Nacional.
La investigación del Ministerio Público se sustenta en varios artículos de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, que penaliza la difamación, la injuria pública y el chantaje a través de medios electrónicos.
Además, se le imputan cargos amparados en los artículos 307 y 400 del Código Penal, que sancionan las amenazas y el chantaje, en perjuicio de la víctima y querellante Arnulfo de Jesús Gutiérrez Almonte.
La Fiscalía ha señalado que el caso forma parte de un patrón de conducta repetida por parte del imputado, quien habría utilizado plataformas digitales para emitir acusaciones sin fundamento y realizar actos de extorsión.
Martínez Jiménez también tiene pendientes otras acusaciones en el Distrito Nacional. Allí, el juez Julián Vargas, de la Segunda Sala Penal, le impuso medidas similares: presentación periódica e impedimento de salida del país.
Los expedientes abiertos en ambas jurisdicciones podrían ser acumulados si las fiscalías determinan que existe un hilo común en los delitos imputados y si las víctimas presentan denuncias coincidentes en hechos, fechas y medios utilizados.
Las autoridades investigan si las acciones del imputado forman parte de una estrategia premeditada para presionar, intimidar o desacreditar a particulares mediante medios digitales, en lo que podría constituir un caso de crimen tecnológico reiterado.
El Ministerio Público ha reiterado su compromiso de continuar el proceso con rigor técnico y legal, garantizando el debido proceso tanto al imputado como a las víctimas involucradas en el caso.
La imposición del grillete electrónico representa una medida preventiva moderna utilizada para evitar la obstrucción de la justicia y asegurar la comparecencia del imputado sin necesidad de prisión preventiva.
Desde el ámbito jurídico se valora esta medida como proporcional, dado el tipo de delitos imputados, el comportamiento procesal previo del acusado y la posibilidad de que haya otras víctimas que aún no hayan formalizado sus denuncias.
El caso continuará su curso legal en los tribunales de Santiago, mientras que el imputado deberá cumplir estrictamente las disposiciones impuestas por la justicia dominicana para evitar sanciones adicionales.
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