Ex presidente del CODIA valora el nuevo marco legal, pero llama a evitar circulares que limiten la participación y fomenten la corrupción
Bartolo García
El ex presidente del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA), Teodoro Tejada, ponderó la entrada en vigencia de la Ley 47-25 sobre compras y contrataciones públicas, al considerar que establece un nuevo marco regulatorio para los procesos de licitación de obras y adquisiciones del Estado dominicano.
Tejada destacó que la normativa, promulgada el 28 de julio del pasado año por el presidente Luis Abinader, representa un avance significativo en materia de transparencia, institucionalidad y control del uso de los recursos públicos.
A su juicio, la nueva legislación introduce un enfoque más inclusivo y participativo, al tomar en cuenta a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), así como a las mujeres, ampliando las oportunidades de participación en los procesos de contratación estatal.
El exdirigente gremial subrayó además que la Ley 47-25 contempla sanciones penales para los funcionarios que incurran en violaciones a sus disposiciones, lo que refuerza la lucha contra la corrupción y eleva los niveles de responsabilidad en la gestión pública.
No obstante, Tejada advirtió que de poco serviría la promulgación de una ley robusta, con 248 artículos —en contraste con los 30 artículos de la anterior Ley 340-06— si desde los organismos rectores se continúan emitiendo disposiciones administrativas que contradigan su espíritu.
En ese sentido, criticó la emisión de circulares que calificó como “odiosas, excluyentes y abusivas”, las cuales, a su entender, se convierten en vectores de corrupción al limitar la libre competencia y la participación de la mayoría de los proveedores del Estado.
Como ejemplo, citó la circular DGCP44-PNP-2023-0011, emitida por la Dirección General de Contrataciones Públicas, que en su artículo 7, numerales 1 y 2, establecía requisitos financieros excesivos para licitaciones públicas.
Detalló que dicha circular exigía un 15 % de requisitos financieros para mipymes y hasta un 30 % para personas físicas o jurídicas, condiciones que, según explicó, resultaban desproporcionadas y excluían a un amplio segmento de oferentes.
Tejada sostuvo que con la entrada en vigencia de la Ley 47-25, esa circular queda automáticamente derogada, al estar sustentada en disposiciones de la Ley 340-06, la cual fue dejada sin efecto por el nuevo régimen legal.
Precisó que el artículo 247 de la Ley 47-25 anula tanto esa circular como el Reglamento de Aplicación emitido mediante el decreto No. 416-23, estableciendo así un nuevo orden jurídico en materia de contrataciones públicas.
El profesional de la construcción expresó su esperanza de que, tras esta reforma impulsada por el presidente Abinader, la Dirección General de Contrataciones Públicas no vuelva a incurrir en la emisión de normativas que restrinjan la participación de más del 95 % de los proveedores del Estado.
Afirmó que uno de los principales retos de la nueva ley será garantizar su correcta aplicación, evitando interpretaciones administrativas que distorsionen su carácter democrático, plural y participativo.
Tejada señaló que la sostenibilidad en el manejo de los recursos públicos solo será posible si se respeta el marco legal y se promueve una competencia justa, abierta y transparente en todos los procesos de licitación.
En ese contexto, reiteró que la Ley 47-25 sienta las bases para una gestión pública más moderna, alineada con buenas prácticas internacionales y con mayores controles para prevenir irregularidades.
Finalmente, el ex presidente del CODIA felicitó al presidente Abinader por promover una legislación que fortalece la transparencia democrática y la participación plural en las contrataciones públicas, al tiempo que llamó a las autoridades a honrar su espíritu con una aplicación coherente y responsable.
