Las diligencias buscan evitar transferencias patrimoniales que impidan resarcir a las víctimas de la tragedia
Bartolo García
Santo Domingo, RD.– La Procuraduría General de la República (PGR) ha puesto en marcha una serie de acciones legales para inmovilizar los bienes del empresario Antonio Espaillat López, propietario de la discoteca Jet Set, tras el desplome del techo del establecimiento que dejó un saldo de 232 fallecidos y más de 180 heridos.
La Dirección de Persecución del Ministerio Público, dirigida por el procurador adjunto Wilson Camacho, ha iniciado diversas “diligencias procesales” sobre el conglomerado de empresas vinculadas a Espaillat, entre ellas Inversiones E y L SRL y Jet Set Club, como parte del proceso de investigación en curso.
Según fuentes ligadas al expediente, el Ministerio Público tomó conocimiento de que el empresario estaría realizando acciones para transferir bienes registrados a su nombre, lo que fue interpretado como una posible maniobra para eludir la responsabilidad civil derivada de la tragedia ocurrida el pasado 8 de abril.
En respuesta, se interpusieron oposiciones a los traspasos de varios inmuebles y acciones societarias que estaban en movimiento, en un intento por proteger los derechos e intereses de las víctimas y sus familiares en caso de un eventual proceso indemnizatorio.
“El Ministerio Público ha gestionado imponer un impedimento cautelar a cualquier transacción accionaria o patrimonial de las empresas vinculadas a Antonio Espaillat”, reveló una fuente, indicando que se están utilizando los mecanismos contemplados en la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos.
La medida, aclararon las autoridades, no implica necesariamente que Espaillat esté siendo investigado por lavado de activos, sino que la figura jurídica se emplea para bloquear temporalmente movimientos financieros o traspasos de bienes durante la investigación.
Se informó que esta inmovilización preventiva busca garantizar que el patrimonio asociado al empresario y sus empresas permanezca disponible para responder ante las consecuencias civiles o penales que puedan derivarse del caso.
Las diligencias incluyen también la solicitud de información financiera a entidades bancarias, el registro de propiedades inmuebles y la identificación de vehículos y activos móviles que formen parte del patrimonio de las sociedades comerciales señaladas.
El desplome del techo de concreto de la discoteca Jet Set ocurrió durante una presentación del merenguero Rubby Pérez, quien también falleció en el lugar. La tragedia ha generado una profunda conmoción nacional y la apertura de una investigación penal por parte del Ministerio Público.
La Procuraduría sostiene que los propietarios del establecimiento pudieron haber incurrido en negligencia al no garantizar la seguridad estructural del local, cuya infraestructura se encontraba en condiciones precarias según informes preliminares.
Las víctimas del colapso, tanto fallecidos como heridos, incluyen ciudadanos de distintas provincias del país y extranjeros. Se espera que, en los próximos días, el Ministerio Público formule medidas de coerción contra los responsables, en el marco del debido proceso.
Mientras tanto, familiares de las víctimas han comenzado a conformar comités legales para presentar demandas colectivas y exigir justicia por lo ocurrido, al tiempo que se mantienen vigilantes ante cualquier intento de desvío de responsabilidades o encubrimiento.
El Ministerio Público reiteró que continuará desarrollando todas las acciones necesarias para asegurar el cumplimiento de la ley y velar por los derechos de las víctimas en este proceso que sigue bajo investigación activa.
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