El Poder Ejecutivo oficializó las modificaciones aprobadas por el Congreso y designó un equipo de especialistas encabezado por Milton Ray Guevara para dar seguimiento y proponer nuevas mejoras
Bartolo García
Santo Domingo, RD.– El Poder Ejecutivo promulgó, mediante el Decreto No. 507-26, de fecha 27 de julio de 2026, las recientes modificaciones al Código Penal aprobadas por el Congreso Nacional, con el objetivo de fortalecer el marco jurídico del país y adecuarlo a los nuevos desafíos de la sociedad.
Como parte de la medida, el presidente de la República dispuso la creación de una comisión de seguimiento y socialización encargada de evaluar el contenido del nuevo Código y coordinar posibles reformas futuras. El organismo será presidido por el expresidente del Tribunal Constitucional, Milton Ray Guevara.
La comisión estará integrada además por los juristas Leyda Margarita Piña Medrano, Pedro Balbuena, Ricardo Rojas León, Julio César Castaños Guzmán, Luz Díaz, José Lorenzo Fermín, Eduardo Jorge Prats y Alejandro Moscoso Segarra, así como por los periodistas Persio Maldonado y Aníbal de Castro.
Con esta iniciativa, el Gobierno busca promover un proceso permanente de diálogo y evaluación sobre la legislación penal, permitiendo que el Código continúe fortaleciéndose mediante consensos democráticos, análisis técnicos y revisiones institucionales.
El Poder Ejecutivo destacó que las reformas representan un paso importante en la modernización del ordenamiento jurídico nacional, al reforzar la protección de los derechos fundamentales, garantizar el respeto al debido proceso y contribuir al fortalecimiento de instituciones más sólidas, eficientes y transparentes.
Asimismo, se informó que el nuevo Código Penal incorpora la tipificación de delitos que responden a las realidades del siglo XXI, adecuando la legislación a fenómenos y conductas que no estaban contemplados en la normativa anterior.
Con la promulgación de estas modificaciones, el Gobierno reafirma su compromiso de mantener actualizado el sistema de justicia penal dominicano, impulsando un marco legal que responda a las necesidades actuales de la sociedad y garantice una aplicación más efectiva de la ley.
