Director de Compras y Contrataciones asegura que la cancelación fue preventiva y no por irregularidades
Bartolo García
Santo Domingo.– El director de la Dirección General de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, afirmó que el proceso de licitación realizado por el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil se desarrolló conforme a la ley, aclarando que su cancelación no estuvo relacionada con irregularidades.
Durante una rueda de prensa, el funcionario explicó que la decisión de cancelar el proceso fue tomada por la propia entidad contratante, con el objetivo de revisar el pliego de condiciones y las especificaciones técnicas.
Pimentel destacó que la DGCP realizó observaciones técnicas al pliego, las cuales calificó como mínimas y corregibles, dentro del plazo de enmiendas que establece la normativa vigente.
“El pliego de condiciones estaba apegado a la normativa, con observaciones normales que podían ser ajustadas para mayor precisión técnica”, señaló el director del órgano rector.
Indicó que el INABIE tenía la facultad de modificar el documento y continuar con el proceso, pero optó por cancelar la licitación para realizar una revisión más exhaustiva antes de tomar nuevas decisiones.
Asimismo, explicó que las observaciones se centraban principalmente en los criterios de adjudicación, los cuales podían ser formulados con mayor claridad técnica como parte del proceso regular de supervisión.
El titular de la DGCP reiteró que la función del organismo es revisar los procesos, hacer recomendaciones y garantizar que las contrataciones públicas se realicen conforme a la ley.
En ese sentido, subrayó que la etapa de enmiendas forma parte habitual del sistema de compras del Estado, permitiendo ajustes antes de la adjudicación final.
Pimentel enfatizó que la cancelación del procedimiento fue una decisión autónoma del INABIE y no una disposición del órgano rector, reafirmando la independencia de las instituciones en estos procesos.
Finalmente, reiteró que el sistema de contrataciones públicas cuenta con mecanismos de supervisión y mejora continua, orientados a fortalecer la transparencia y la eficiencia en el uso de los recursos del Estado.
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