El secretario general del Partido Generación de Servidores denuncia ventaja desleal de funcionarios en campaña y reclama acción inmediata de la JCE y el gobierno
Bartolo García
Santo Domingo, R.D. – El dirigente político Obispo Montero arremetió este lunes contra la permanencia en funciones de altos cargos públicos que aspiran a la presidencia de la República, exigiendo su renuncia inmediata por considerar que esta situación viola los principios básicos de equidad en la contienda democrática.
Durante una rueda de prensa, Montero, secretario general del Partido Generación de Servidores (GenS), advirtió que la utilización de estructuras estatales con fines proselitistas distorsiona gravemente la competencia electoral y amenaza la legitimidad del proceso político en curso.
A juicio del dirigente, resulta “inaceptable y peligrosa para la democracia” la permanencia de ministros y directores generales que, mientras manejan presupuestos públicos millonarios, realizan campañas para promover sus aspiraciones presidenciales.
“Es inadmisible que sigan utilizando fondos públicos como plataforma de campaña, en un país donde el resto de los aspirantes no tiene acceso al presupuesto del Estado”, subrayó Montero, visiblemente indignado ante la falta de sanciones por parte de las autoridades.
Criticó también al presidente Luis Abinader por lo que calificó como una reacción tardía y sin consecuencias reales. Aunque el mandatario ha advertido públicamente que los funcionarios en campaña deben renunciar, Montero considera que esa advertencia ha sido ignorada por los involucrados y no ha generado medidas concretas.
Montero respaldó sus acusaciones con cifras del Presupuesto General del Estado 2025, destacando que varias instituciones dirigidas por precandidatos presidenciales del Partido Revolucionario Moderno (PRM) manejan recursos superiores a los de muchos ministerios.
Entre ellas mencionó al Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), con más de RD$20,500 millones; el Plan de Asistencia Social de la Presidencia, con más de RD$9,000 millones; y el Ministerio de Turismo, con más de RD$5,100 millones, entre otras entidades gubernamentales.
“Estamos hablando de estructuras con poder logístico, publicitario y económico. Ningún precandidato de la oposición puede competir con semejante ventaja. Eso no es democracia. Eso es abuso de poder y violación del principio de igualdad ante la ley”, enfatizó el líder del GenS.
Además, señaló que el uso desproporcionado de la maquinaria estatal con fines personales mina la confianza ciudadana en el sistema democrático, al tiempo que convierte las elecciones en una competencia desigual marcada por el clientelismo y el uso político de los recursos públicos.
Montero instó a la Junta Central Electoral (JCE) y a los organismos de control, como la Cámara de Cuentas y la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), a actuar con firmeza y transparencia para detener este tipo de prácticas.
Advirtió que si no se toman medidas urgentes, se sentará un precedente nefasto que desnaturaliza los procesos electorales en el país y debilita las bases institucionales de la República Dominicana.
También hizo un llamado a los medios de comunicación, organizaciones sociales y sectores empresariales a no permanecer indiferentes ante lo que consideró una violación flagrante del sistema democrático.
En su declaración final, Montero recalcó que el país necesita “una política justa y limpia”, y que permitir el uso de fondos públicos para promover candidaturas solo profundiza la desigualdad y el descrédito hacia las instituciones.
“Renunciar no es un acto de debilidad, es una obligación ética cuando se aspira a representar con dignidad a un pueblo”, concluyó el dirigente, pidiendo a todos los precandidatos oficialistas que aún ocupan cargos públicos dar un paso al costado.
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