Los levantamientos forman parte de una iniciativa que contempla incorporar oficiales de Derechos Humanos en los centros penitenciarios para reforzar la protección de internos, personal y visitantes
Bartolo García
Santiago, RD.– El Ministerio de Justicia realizó un levantamiento en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Mujeres, en Santiago, y en el Centro de Atención Integral para Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal, en La Vega, como parte de las acciones dirigidas a evaluar las condiciones de los recintos y fortalecer la protección de los derechos humanos dentro del sistema penitenciario.
La comisión, designada por el ministro de Justicia, Antoliano Peralta Romero, estuvo integrada por Noel Sued Canahuate, viceministro de Derechos Humanos; Juan Dionicio Rodríguez, viceministro de Políticas Públicas; y Sandra Fernández, directora de Políticas Penitenciarias y Correccionales, quienes encabezaron los recorridos por ambas instalaciones.
Durante las visitas, los funcionarios evaluaron las condiciones de las personas privadas de libertad, el personal que presta servicios en los establecimientos y la situación de quienes acuden como visitantes. El levantamiento permitirá identificar necesidades y determinar posibles acciones para mejorar las condiciones existentes en estos espacios.
Las inspecciones forman parte de un proceso que también ha incluido otros establecimientos penitenciarios. La misma comisión visitó en julio los centros Haras Nacionales y Las Parras, ubicados en el Gran Santo Domingo, instalaciones que, junto con Rafey Mujeres y el centro para adolescentes de La Vega, han sido priorizadas para la implementación de nuevas medidas institucionales.
Una de las principales iniciativas contempla la incorporación de Oficiales de Derechos Humanos en el Sistema Penitenciario y Correccional, quienes tendrán la responsabilidad de velar por la protección y promoción de los derechos de los internos, así como del personal penitenciario y administrativo, familiares y demás personas que visitan los centros.
Estos oficiales tendrán entre sus funciones monitorear permanentemente las condiciones de los recintos, identificar situaciones que requieran intervención y elaborar informes técnicos. Los documentos serán remitidos al Ministerio de Justicia para evaluar cada caso y adoptar las medidas correspondientes cuando sean necesarias.
El Ministerio de Justicia aseguró que la iniciativa busca avanzar hacia un sistema penitenciario más humano, transparente y respetuoso de la dignidad de las personas, fortaleciendo los mecanismos de supervisión y prevención dentro de los centros, en consonancia con los estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos.
