Por Luis González Fabra
El 12 de mayo de 2011, el entonces presidente de la República, Leonel Fernández, promulgó el decreto 311-11 mediante el cual creó la Comisión Nacional para Conmemorar el 50 aniversario del ajusticiamiento del dictador Rafael Leónidas Trujillo. La misión de esa comisión consistía en “organizar y coordinar todas las actividades relacionadas con la divulgación de la historia política dominicana contemporánea”.
Años después, el presidente Luis Abinader emitió el decreto del 23 de mayo de 2021 mediante el cual declaró cada 30 de mayo como el Día de la Libertad, en homenaje a la resistencia contra la dictadura trujillista y a las víctimas de asesinatos, torturas, desapariciones y abusos cometidos durante los 31 años de aquel régimen de terror.
Pero mucho antes de ambos decretos, ya el Consejo de Estado presidido por Rafael Bonnelly había promulgado en 1962 la Ley 5025, declarando el 30 de mayo como “Día de Fiesta Nacional”. Es decir, distintos gobiernos, pertenecientes a épocas y corrientes políticas diferentes, han coincidido en reconocer oficialmente la trascendencia histórica de la gesta que puso fin a una de las dictaduras más prolongadas y sangrientas de América Latina.
Estos documentos legales revelan una verdad esencial: el Estado dominicano, sin importar banderías políticas, concede un alto valor moral e histórico a la gesta del 30 de mayo. Aquellos hombres no solo arriesgaron sus vidas; también pusieron en peligro a sus esposas, hijos y familiares para liberar al país del yugo criminal de la tiranía. Lo hicieron conscientes de que el fracaso significaba tortura, persecución y muerte.
Por eso, la gesta libertaria del 30 de mayo pertenece a toda la nación dominicana. No es patrimonio de un partido, de un grupo social ni de una familia política. Es un tesoro colectivo que debe ser tratado con respeto, admiración y gratitud.
El historiador Eduardo García Michel, en su libro Treinta de Mayo: Trujillo ajusticiado, sostiene que “los integrantes del 30 de mayo fueron instrumentos conscientes de la sociedad para iniciar una etapa diferente en su desarrollo, para lo cual era indispensable dar por finalizado un régimen que ya estaba frenando el progreso y el avance social”.
La afirmación es profundamente acertada. Sabiéndolo o no, los héroes de mayo interpretaron el sentimiento contenido de millones de dominicanos que, incapaces de expresar públicamente su rechazo al dictador por temor a la cárcel o a la muerte, esperaban que algún día alguien tuviera el valor de enfrentar la tiranía. Y ese día llegó la noche del 30 de mayo de 1961.
Aquellos hombres no actuaron movidos únicamente por intereses personales o políticos. Actuaron impulsados por una necesidad histórica: abrirle paso a la libertad y devolverle la dignidad a una nación sometida durante más de tres décadas al miedo, al espionaje y a la represión.
Por ello, resulta justo y necesario que sus restos descansen en el Panteón Nacional, creado mediante la Ley 4463 de 1956. Ubicado en el antiguo templo jesuita de la Ciudad Colonial, el Panteón fue restaurado y convertido en mausoleo nacional para albergar los restos de héroes, próceres y figuras ilustres de la República.
Allí reposan dominicanos como Gregorio Luperón, Ulises Francisco Espaillat y José Núñez de Cáceres, hombres que, al igual que los ajusticiadores de Trujillo, sacrificaron tranquilidad, fortuna y hasta la vida por la patria.
Corresponde ahora al presidente Abinader dar el paso histórico de emitir un decreto que ordene el traslado de los restos de los héroes del 30 de Mayo al Panteón Nacional. Sería un acto de justicia histórica, pero también un poderoso mensaje para las nuevas generaciones: que la libertad tiene un precio y que siempre habrá dominicanos dispuestos a defenderla frente al abuso y la tiranía.
Porque los hombres que liberaron al país de Trujillo no pertenecen solamente a la historia. Pertenecen, sobre todo, a la conciencia moral de la República Dominicana.
