Por JUAN T H
Participé hace algunos años como observador electoral en Brasil, donde el voto es obligatorio, como en muchos otros países. Me sorprendieron la actitud cívica de los ciudadanos, el desempeño del organismo electoral y el comportamiento de partidos y candidatos. Esa misma noche, todo estaba contabilizado y decidido sin contratiempos. (Hablamos del país más grande de América del Sur, con más de 8,5 millones de kilómetros cuadrados y una población que supera los 230 millones de personas.)
En más de 20 países, el voto es obligatorio desde hace muchos años. En Brasil, por ejemplo, lo es desde 1922, si mal no recuerdo. También es obligatorio en Ecuador, Egipto, Grecia, Honduras, Líbano, Luxemburgo, México, Panamá, Paraguay, Perú, Singapur y Uruguay, entre otros. El propósito es garantizar no solo la participación masiva de los votantes, sino también la legitimidad de los elegidos. Sin embargo, la obligatoriedad no garantiza que todos los ciudadanos participen en las elecciones. En muchos de esos países, la abstención ha aumentado considerablemente.
En muchos países desarrollados, donde el sistema democrático es fuerte e incluso existe un «Estado de bienestar», la abstención electoral supera el 50 %. Ese es el caso de Estados Unidos, donde la mayoría no sufragó y la participación alcanzó su nivel más bajo de los últimos 20 años, lo que resta legitimidad a los alcaldes, congresistas y al propio presidente.
En Brasil, por ejemplo, si usted no acude a las urnas porque no cree en el sistema democrático capitalista, pierde muchos derechos, entre ellos becas estudiantiles y préstamos en los bancos del Estado. El ciudadano que no acude a su centro de votación debe explicar las razones de su ausencia y presentar un certificado oficial que acredite una convalecencia o un impedimento físico de cualquier naturaleza.
En la República Dominicana existe la Junta Central Electoral (JCE), creada en 1939, en plena dictadura de Trujillo. Luego, en 2010, se creó el Tribunal Superior Electoral (TSE), que dirime los conflictos electorales. En los comicios pasados fueron convocados más de 8 millones de ciudadanos: el 51 % eran mujeres y el 49 %, hombres; estos últimos son quienes más votan.
Desde las primeras «elecciones libres» de 1962, celebradas tras el bien merecido asesinato del dictador, ha habido abstención en distintos niveles. Sin embargo, la registrada en los últimos comicios ha batido récords al superar el 50 %, como en Estados Unidos y otros países, tanto de la región como del mundo.
(Al parecer, la gente cree cada vez menos en la democracia, el capitalismo y las promesas de bienestar de los dirigentes políticos y busca otras opciones en el mundo del espectáculo y las redes sociales.)
Tal vez ha llegado el momento de repensar el sistema democrático del país. No sería descabellado que los dirigentes de los principales partidos políticos se pusieran de acuerdo para presentar un proyecto de ley que modifique el sistema electoral. No creo que ese cambio sea aventurero ni una locura: se podría eliminar, por ejemplo, la fórmula del 50 % más uno, modificar otros aspectos de la ley y suprimir los partidos bisagra dirigidos por oportunistas, trepadores y tránsfugas. Me gusta la idea del voto obligatorio, lo confieso.
Estoy pensando en voz alta. Solamente. Pero algo hay que hacer para garantizar la participación masiva de los ciudadanos en los procesos electorales, la legitimidad de los candidatos y el fortalecimiento de una democracia en la que cada vez creo menos. No me gustaría, sin embargo, que un «outsider» (ajeno a los partidos) analfabeto, rifero, banquero de juegos de azar o narcotraficante se colara y llegara a la Presidencia de la República, aunque hubiera que volver a modificar la Constitución. (¡Total, no sería la última vez!)
