Tribunal del Distrito Nacional impone garantía económica y restricciones migratorias a Tamara Martínez mientras avanza el proceso judicial.
La comunicadora Gabi Desangles se refirió por primera vez al proceso legal que enfrenta contra Tamara Martínez, luego de que un tribunal del Distrito Nacional dictara medidas de coerción consistentes en una garantía económica de RD$200,000, presentación periódica e impedimento de salida del país, en el marco de una querella por presunta difamación e injuria.
Durante una intervención en el programa radial Esto no es radio, Desangles explicó que, más allá del proceso judicial, su principal objetivo es que Martínez ofrezca una disculpa pública y se retracte de las declaraciones que motivaron la acción legal, las cuales —según indicó— vulneran disposiciones de la Ley de Delitos de Alta Tecnología.
Mientras se espera la celebración del juicio de fondo, el abogado de la parte querellante, Ángel Leonel Canó, señaló que también se persigue una sanción económica como forma de compensación por los gastos legales y los daños derivados del proceso que ha asumido su cliente.
Desangles aseguró que desde el inicio estuvo dispuesta a resolver la situación sin llegar a instancias judiciales, siempre que se produjera una retractación pública. “Mi única petición era que ella reconociera que lo que dijo era mentira. No estaba pidiendo nada más”, expresó, al referirse a los señalamientos realizados presuntamente en el programa radial Fogaraté.
La comunicadora también indicó que Martínez ha negado en todo momento que sus comentarios estuvieran dirigidos a ella, argumento que —según afirmó— fue reiterado durante la audiencia celebrada recientemente.
Al abordar el impacto personal del caso, Desangles manifestó que la situación ha sido especialmente difícil para su entorno familiar, lo que la llevó a continuar con el proceso legal. “Soy hija, hermana, amiga, nieta, y esto ha sido muy duro para mi familia”, confesó.
Finalmente, reiteró que su prioridad sigue siendo una disculpa pública y una retractación clara, aunque reconoció que el proceso ha generado costos y consecuencias adicionales que deberán ser valoradas por la justicia.
