Ramón Mercedes
NUEVA YORK.- El pasado 24 de febrero entró en vigor la nueva regla de carga pública, que a partir de la fecha los empleados del gobierno federal de Estados Unidos determinarán si otorgan o no un beneficio migratorio al solicitante.
Dominicanos residentes en esta ciudad, que reciben cupones de comida, sección 8, asistencia de alquiler, vivienda subsidiada, Medicaid y parte de Medicare, entre otros beneficios, no queriendo identificarse por estar pidiendo familiares, continúan preocupados.
Sostienen que “esta nueva regla es discrecional, el gobierno ha otorgado poder total a los agentes consulares y migratorios para dar o negar una petición; si le niegan el caso, la decisión no es apelable y el castigo es de por vida”, y esto es más preocupantes, dicen.
Ahora USCIS podrá negar la residencia legal permanente y otros beneficios si están usando asistencias públicas en un lapso de 12 meses en los últimos 36 meses.
En la Gran Manzana se reporta que más de 250 mil neoyorkinos serán impactados, entre ellos miles de criollos.
La nueva regla no afectará aquellos que recibieron protección de programas humanitarios autorizados por el Congreso como son refugiados y asilados; intérpretes afganos e iraquís, empleados por o en nombre de la Gobierno de EEUU; cubanos y haitianos que obtuvieron ajuste de estatus bajo el amparo de la Reforma de Inmigración de la Ley de Control de 1986.
La nueva política cambia por primera vez un sistema que venía implementándose desde 1965, cuando el entonces presidente, Lyndon B. Johnson, promulgó la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), que regula el sistema migratorio y determina quiénes son los extranjeros que pueden entrar y permanecer en el país.
Los turistas que soliciten una visa para entrar a territorio estadounidense o tramiten una extensión del tiempo de estadía deberán demostrar que no se convertirán en una carga pública.
Desde 1996, las leyes federales han establecido que los extranjeros, en general, deben ser autosuficientes.
