El exprocurador solicitó una comisión especial de fiscales y una instancia externa para indagar muertes en operativos policiales y determinar si existe una estructura criminal vinculada al negocio de drogas al detalle
Bartolo García
Santo Domingo.– El exprocurador general de la República Francisco Domínguez Brito pidió al presidente Luis Abinader ordenar una investigación independiente sobre muertes ocurridas durante actuaciones policiales y sobre la posible existencia de una estructura criminal que busque concentrar el control del microtráfico en el país. La solicitud fue formulada mediante una carta pública fechada el 22 de octubre.
Domínguez Brito expresó preocupación por casos presentados como supuestos intercambios de disparos y planteó que algunas de esas muertes deberían ser examinadas para establecer si pudieran responder a patrones de eliminación selectiva de personas presuntamente vinculadas al negocio de drogas al detalle. El propio exfuncionario aclaró que no presenta esa hipótesis como un hecho probado.
En la misiva también cuestionó que, en determinados casos, las víctimas sean identificadas únicamente mediante apodos o datos incompletos, lo que a su juicio dificulta el seguimiento individual de los hechos y el escrutinio sobre los procesos judiciales relacionados.
El exprocurador pidió conformar una comisión especial de fiscales de alto nivel, bajo la dirección del Ministerio Público, acompañada por una comisión externa que contribuya a garantizar transparencia y credibilidad en las pesquisas.
Según su planteamiento, uno de los objetivos sería determinar si existen ejecuciones extrajudiciales o patrones de eliminación selectiva durante operativos policiales. El segundo consistiría en establecer si alguna organización criminal estaría intentando concentrar el mercado nacional de drogas al detalle y si miembros de la Policía Nacional, la DNCD u otros organismos de seguridad pudieran estar participando, protegiendo o facilitando ese proceso.
Domínguez Brito sostuvo que también debería investigarse quién pasa a controlar los puntos de venta de drogas después de las muertes, quiénes resultan beneficiados y si existen conexiones entre determinados operativos y los grupos que posteriormente ocupan esos territorios. Insistió en que se trata de interrogantes que, a su juicio, requieren una investigación formal y no de conclusiones ya establecidas.
El exprocurador advirtió que la lucha contra la delincuencia debe mantenerse dentro del Estado de derecho y reiteró que sus señalamientos constituyen una hipótesis que debe ser comprobada o descartada. “No afirmo que estos hechos estén demostrados. Precisamente por ello, considero indispensable una investigación independiente que permita establecer la verdad”, expresó en la carta.
