La nueva normativa del Registro de Proveedores del Estado busca eliminar prácticas irregulares, promover la especialización empresarial y asegurar una competencia más justa
Bartolo García
SANTO DOMINGO. – La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) destacó que el nuevo reglamento del Registro de Proveedores del Estado (RPE) representa un paso decisivo para fortalecer la transparencia y la integridad del sistema de compras públicas, combatiendo prácticas que durante años han afectado la competencia y la eficiencia en la contratación estatal.
La institución explicó que el reglamento núm. DGCP-SNCP 01-2026, que entrará en vigor el próximo 20 de agosto, establece que las actividades registradas por los proveedores en el RPE deberán corresponder estrictamente con las actividades económicas declaradas ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), garantizando así una mayor coherencia y trazabilidad empresarial.
Según la DGCP, esta medida busca corregir una práctica recurrente mediante la cual algunas empresas registraban múltiples actividades económicas sin relación con su capacidad operativa o experiencia real, con el objetivo de participar en una amplia variedad de procesos de compras públicas, generando distorsiones en el mercado y afectando la competencia.
La entidad resaltó que la especialización de los proveedores contribuirá a elevar la calidad de los bienes y servicios contratados por el Estado, al asegurar que cada empresa participe únicamente en los sectores donde posee experiencia comprobada y capacidad técnica para cumplir con las exigencias de los contratos públicos.
Asimismo, informó que las actividades económicas serán clasificadas utilizando el Catálogo de Bienes y Servicios de las Naciones Unidas, lo que permitirá una categorización más precisa y estandarizada. Este mecanismo facilitará que las empresas mantengan sus oportunidades legítimas de negocio, pero bajo criterios más transparentes y organizados.
La DGCP afirmó que esta reforma forma parte de una estrategia orientada a fortalecer la calidad del gasto público, reducir riesgos de corrupción y evitar la participación de las llamadas “empresas de carpeta”, asegurando que el Estado contrate con proveedores idóneos, formalmente establecidos y comprometidos con las mejores prácticas de transparencia y responsabilidad empresarial.
