La querella también incluye acusaciones de robo, abuso de autoridad y solicitud de protección personal
Bartolo García
Santo Domingo, República Dominicana.– Chelsy Bautista, hija de la comediante, actriz y guionista Cheddy García, interpuso una querella con constitución en actor civil ante la Procuraduría General de la República por hechos ocurridos durante un operativo realizado en su residencia del Distrito Nacional.
La acción judicial fue presentada a través de su abogado, Félix Humberto Portes Núñez, y está dirigida contra una fiscal y varios agentes de distintas instituciones armadas del Estado.
Entre los señalados en la querella figura la fiscal Belkis Ulloa Uceta, adscrita a la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, junto a miembros de la Policía Nacional, la Armada, la Fuerza Aérea y personal técnico vinculado al operativo.
De acuerdo con el documento legal, los hechos habrían ocurrido el 23 de enero de 2026, alrededor de las 6:00 de la mañana, cuando varios agentes se presentaron en el apartamento de la denunciante alegando que ejecutarían un allanamiento.
Según la versión expuesta en la querella, los participantes en el operativo habrían irrumpido de manera violenta en la vivienda, apuntando con armas largas hacia el interior del inmueble, lo que habría generado temor e intimidación en la afectada.
Posteriormente, siempre según la acción judicial, se habría verificado que la orden de allanamiento correspondía a otro apartamento del edificio, situación que la parte querellante considera una actuación irregular.
Bautista sostiene además que, durante el tiempo en que los agentes permanecieron dentro del apartamento, fueron sustraídas varias prendas de oro que se encontraban en la vivienda antes del ingreso del personal actuante.
Entre los bienes reportados como desaparecidos figuran una gargantilla y un guillo de 14 quilates de la marca Guy Monacó, según lo expuesto en la querella.
La denunciante expresó que decidió interponer la acción judicial debido a lo que considera una falta de respuesta efectiva por parte de las autoridades ante la denuncia que asegura haber realizado previamente.
En el expediente se imputan presuntas violaciones al Código Penal Dominicano, incluyendo violación de domicilio, robo, abuso de autoridad y asociación de malhechores.
Además de la acción penal, la querellante solicitó una orden de protección y alejamiento, alegando temor por su seguridad debido a que los señalados son agentes del Estado.
La parte civil también reclama una indemnización por daños materiales y morales, al sostener que el incidente le ha provocado angustia, inseguridad y la necesidad de abandonar temporalmente su residencia.
La defensa legal pidió al Ministerio Público realizar una investigación exhaustiva, individualizar a todos los involucrados en el operativo y someter a la justicia a quienes resulten responsables.
