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ANEIH respalda aplazar hasta 2028 la responsabilidad penal de las empresas y llama a reforzar controles internos

Redacción by Redacción
10 noviembre, 2026
in Novedades
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ANEIH respalda aplazar hasta 2028 la responsabilidad penal de las empresas y llama a reforzar controles internos

Angelo Viro, presidente de ANEIH

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La Ley 88-26 aplaza hasta mayo de 2028 la entrada en vigor de las disposiciones del Código Penal sobre responsabilidad de las personas jurídicas

Bartolo García

Santo Domingo.– La Asociación Nacional de Empresas e Industrias Herrera (ANEIH) respaldó la Ley 88-26, que concede un plazo adicional de 18 meses para la entrada en vigor de las disposiciones del Código Penal relativas a la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

El presidente de la entidad, Ángelo Viro, valoró que el Congreso Nacional y el Poder Ejecutivo acogieran la solicitud formulada por sectores empresariales para posponer la aplicación de estas obligaciones.

Con la modificación, los artículos 8, 9, 10 y 11 del Código Penal comenzarán a aplicarse 18 meses después del 5 de noviembre de 2026, plazo establecido para permitir que las empresas realicen los ajustes necesarios.

Viro sostuvo que el sector empresarial no estaba preparado para asumir las nuevas exigencias en el plazo inicialmente previsto y consideró que el período adicional permitirá una implementación más ordenada.

El dirigente empresarial exhortó a las compañías a revisar sus procedimientos internos, fortalecer los controles y definir responsabilidades dentro de sus estructuras, con miras al cumplimiento de la normativa.

Las disposiciones aplazadas establecen las condiciones bajo las cuales las personas jurídicas pueden ser penalmente responsables por infracciones cometidas por sus órganos, representantes o subordinados, cuando medie incumplimiento de deberes de dirección, control o supervisión.

Entre las sanciones contempladas figuran multas, cierre temporal o definitivo de establecimientos, revocación de licencias, inhabilitación para contratar con el Estado y disolución de empresas, cuya aplicación dependerá de un proceso judicial que determine la responsabilidad correspondiente.

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