La normativa permite reducir significativamente recargos e intereses y contempla facilidades de pago de hasta 12 meses para contribuyentes que busquen regularizar sus deudas
Bartolo García
Santo Domingo.– La abogada Janet Pérez Gómez explicó que la amnistía fiscal contemplada en la Ley 30-26 representa una oportunidad para que personas y empresas regularicen sus obligaciones tributarias bajo condiciones más favorables, principalmente mediante una reducción significativa de los recargos e intereses acumulados por atrasos.
La especialista aclaró que la amnistía no elimina el impuesto originalmente adeudado. Los contribuyentes deberán cumplir con el pago correspondiente, mientras que los beneficios establecidos por la legislación se concentran en disminuir las penalidades financieras generadas por el incumplimiento o retraso.
Pérez Gómez indicó que la medida está dirigida a contribuyentes con deudas sometidas a recursos administrativos o judiciales, obligaciones tributarias firmes y personas que no hayan presentado determinadas declaraciones fiscales. La conveniencia de acogerse al régimen dependerá de las circunstancias particulares de cada caso.
Quienes opten por beneficiarse de la amnistía deberán cumplir con las condiciones previstas en la legislación. Entre ellas se encuentra, cuando corresponda, el desistimiento de los recursos administrativos o judiciales que se encuentren en curso, además del cumplimiento de las obligaciones tributarias exigidas.
Otro de los beneficios contemplados es la posibilidad de solicitar facilidades de pago por un período de hasta 12 meses, lo que permitiría a los contribuyentes distribuir el cumplimiento de sus compromisos fiscales y reducir el impacto inmediato sobre sus finanzas.
La abogada recordó que las solicitudes para acogerse a la amnistía podrán presentarse hasta el 31 de diciembre de 2026. No obstante, señaló que todavía se espera la emisión de una norma general por parte de la Administración Tributaria, mediante la cual serán definidos los procedimientos y requisitos específicos para acceder a los beneficios.
Finalmente, Pérez Gómez consideró que la Ley 30-26 constituye una herramienta relevante para que personas físicas y jurídicas puedan ponerse al día con sus obligaciones fiscales, pero recomendó analizar cada situación individualmente y contar con asesoría especializada antes de decidir acogerse al régimen de amnistía.
