Más de RD$6,500 millones recuperados y RD$130,000 millones en investigación; el gobierno endurece medidas contra la impunidad con vigilancia interinstitucional y sanciones preventivas
Bartolo García
Santo Domingo. – El presidente Luis Abinader presentó este lunes los avances más contundentes de su gobierno en materia de transparencia y lucha contra la corrupción, resaltando la recuperación de RD$6,500 millones del patrimonio público y la existencia de más de RD$130,000 millones en casos en curso, gracias a un enfoque integral de prevención, persecución y sanción.
Durante su presentación, el mandatario aseguró que la República Dominicana vive su etapa más firme en la historia contra la corrupción, al establecer por primera vez un verdadero régimen de consecuencias aplicable sin excepciones. “Hemos demostrado que quien toca lo público con malas intenciones, enfrenta la ley, sin importar quién sea ni cuándo lo haya hecho”, enfatizó.
El gobierno ha remitido 287 expedientes de faltas administrativas al Ministerio de Administración Pública (MAP) y 49 casos de funcionarios en funciones al Ministerio Público, lo que refleja una política activa en la detección y denuncia de irregularidades dentro del aparato estatal.
En el área de transparencia institucional, la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) evaluó a 230 instituciones entre enero y marzo de 2025, de las cuales 211 alcanzaron puntajes entre 85 y 100, reafirmando el compromiso de las entidades públicas con la ética y la rendición de cuentas.
Un hito relevante fue la promulgación del Decreto 166-25, que por primera vez en la historia sanciona directamente el incumplimiento de transparencia en las instituciones públicas. La normativa comenzará a aplicarse en septiembre y prevé sanciones administrativas y pérdida de beneficios para los infractores.
Paralelamente, el gobierno ha capacitado a más de 8,000 servidores públicos en gestión de riesgos, contrataciones, y prevención del soborno, además de desarrollar 96 matrices de riesgo en instituciones clave y crear comisiones de integridad interna, como parte de una estructura de control más rigurosa.
Desde la Contraloría General, la Unidad Antifraude ejecutó 368 colaboraciones con la Procuraduría, 20 análisis financieros forenses y más de 70 evaluaciones de denuncias. Formalizada con el Decreto 382-25, esta unidad actúa como barrera preventiva y de investigación rápida frente a delitos administrativos.
La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) se ha convertido en un escudo efectivo para el Estado, logrando supervisar más de RD$853 mil millones en compras públicas y detener 517 procesos sospechosos, protegiendo RD$43 mil millones del presupuesto nacional.
Además, se inhabilitaron 567 proveedores, 144 por fraude documental y otros delitos, y se iniciaron 16 investigaciones de oficio, suspendiendo 12 procesos y anulando 35 con valor superior a RD$6,500 millones, lo que confirma la acción anticipada frente a posibles actos de corrupción.
El Equipo de Recuperación del Patrimonio Público (ERPP), creado en 2021, recuperó RD$6,500 millones y mantiene activos judiciales en curso por más de RD$130,000 millones, operando bajo un modelo de resultados que no representa carga presupuestaria para el Estado.
Por su parte, la Dirección General de Presupuesto (DGP) fortaleció el control del gasto, mientras que la Tesorería Nacional ha recibido y administrado los fondos recuperados, en coordinación con el Instituto de Bienes Incautados (INCABIDE) para el uso y reasignación de propiedades confiscadas.
A nivel internacional, la República Dominicana ocupa puestos de liderazgo en la Red Interamericana de Compras de la OEA, el MESICIC y la Red de Transparencia Iberoamericana, además de ser el único país latinoamericano con estatus de observador en el Comité de Contrataciones Públicas de la OMC.
Con estas acciones, el gobierno del presidente Abinader continúa posicionándose como uno de los más activos en la transformación del sistema institucional contra la corrupción, reforzando la confianza ciudadana y proyectando al país como referente regional de integridad y legalidad.
