El tribunal desestimó este lunes 12 de octubre la solicitud presentada por el PHD, Ramón Emilio Goris y la Comisión Electoral; la acción principal será conocida el 19 de octubre
Bartolo García
Santo Domingo.– El Tribunal Superior Electoral (TSE) rechazó este lunes 12 de octubre de 2026 la solicitud presentada por el Partido Humanista Dominicano (PHD), su presidente Ramón Emilio Goris y la Comisión Electoral para dejar sin efecto la medida que impidió celebrar la VII Convención Nacional Ordinaria, al considerar que el recurso carecía de mérito jurídico.
La decisión quedó contenida en la Ordenanza TSE/0013/2026, aprobada de manera unánime. Esa solicitud de revisión, revocación y levantamiento fue presentada por el PHD, Goris y la Comisión Electoral, luego de que el tribunal dispusiera provisionalmente frenar la convención convocada para el 20 de septiembre.
La medida cautelar había sido adoptada después de una impugnación relacionada con la exclusión de delegados del padrón. Eléxido Paula Liranzo, presidente ad Vitam del PHD, y Julián Burgos, secretario nacional de Organización y aspirante a la presidencia del partido, han sostenido que la controversia interna se arrastra desde hace más de un año y gira principalmente en torno a la composición de ese registro.
Ambos dirigentes recordaron además que la Sentencia TSE-0009-2026 anuló una convención anterior, debido, según explicaron, a inclusiones y exclusiones que consideraron irregulares dentro del padrón oficial, junto con otras anomalías denunciadas durante el proceso.
Paula Liranzo y Burgos afirmaron que, al organizarse nuevamente la VII Convención Nacional Ordinaria, fueron excluidos 552 de los 1,427 delegados mediante un denominado “proceso de verificación”, lo que redujo el padrón a 875 integrantes.
La acción principal, que deberá decidir sobre la legalidad de esas exclusiones, será conocida por el TSE el lunes 19 de octubre de 2026. El debate se centrará en si el proceso interno debe realizarse con el registro reducido o si corresponde restituir los derechos de los 552 delegados cuestionados.
“No procuramos impedir la celebración de la Convención, sino garantizar que se realice con un padrón legítimo y respetando los derechos de todos los delegados”, expresaron Paula Liranzo y Burgos sobre el proceso.
