Incumple orden definitiva que obliga al Ayuntamiento a restituir 619 vallas publicitarias a Impacto Urbano, violando el Estado de derecho y afectando al erario
Santo Domingo, R.D. – A más de setenta días de haberse notificado la sentencia núm. 0030-03-2025-SSEN-00015 del Tribunal Superior Administrativo (TSA), la Alcaldía del Distrito Nacional, dirigida por la alcaldesa Carolina Mejía, continúa sin acatar la orden judicial que ordena reinstalar 619 espacios publicitarios en favor de la empresa Impacto Urbano.
La sentencia, que tiene carácter irrevocable, fue emitida por la Segunda Sala del TSA el 30 de enero de 2025, y obliga al Ayuntamiento del Distrito Nacional (ADN) a ejecutar un contrato suscrito con la empresa en 2014, mediante el cual se reconocen derechos adquiridos de Impacto Urbano y se compromete a resarcir daños causados por la remoción arbitraria de sus estructuras en 2007.
Impacto Urbano, pionera en publicidad exterior mediante vallas lumínicas desde 1999, ha enfrentado una prolongada lucha legal tras la remoción de sus estructuras sin orden judicial. Como consecuencia, se han emitido más de una docena de sentencias favorables a su favor, incluidas condenas al ADN.
En 2014, ambas partes firmaron el “Contrato Transaccional Definitivo y Convenio de Ejecución de Contrato de Publicidad Exterior”, documento ratificado por el Concejo del Distrito Nacional mediante resolución núm. 25/2014. El acuerdo establecía la reinstalación de las vallas y el reconocimiento económico por daños sufridos.
Pese a esta resolución legal y su ratificación institucional, el ADN no ha cumplido con las disposiciones. El TSA otorgó un plazo de 60 días calendario para ejecutar la sentencia, ya vencido, e impuso una astreinte de RD$5,000 diarios por cada día de retraso, además de una condena en daños y perjuicios que será liquidada.
La situación ha sido calificada como un grave desacato a la autoridad judicial y una afrenta al Estado de derecho por parte de la alcaldesa Carolina Mejía, quien se mantiene en incumplimiento directo de un mandato judicial definitivo.
La parte dispositiva de la sentencia ordena expresamente al Concejo Municipal ratificar el convenio y al actual alcalde realizar todas las diligencias necesarias para su ejecución, instrucciones que han sido ignoradas sin justificación pública por la administración del ADN.
El caso, que ya se extiende por casi dos décadas, evidencia un patrón de resistencia institucional frente a resoluciones judiciales firmes, lo que genera preocupación entre sectores empresariales y legales por la inseguridad jurídica que esto representa.
El incumplimiento prolongado de esta decisión también podría tener consecuencias civiles y penales para las autoridades municipales, incluyendo la alcaldesa Mejía, según lo establecido por el marco legal dominicano.
La conducta del ADN representa un perjuicio no solo para la empresa afectada, sino también para el interés público, al implicar una posible erogación innecesaria de fondos del erario debido a sanciones por incumplimiento y daños acumulados.
El sector empresarial y jurídico ha expresado alarma por la falta de ejecución de esta sentencia, advirtiendo que sienta un precedente preocupante sobre el respeto a los fallos judiciales por parte de autoridades municipales.
Impacto Urbano ha reiterado su disposición al diálogo y a una salida institucional, pero insiste en que no puede permitirse que se vulneren sus derechos adquiridos ni que se ignore el mandato expreso de la justicia.
Organizaciones de la sociedad civil y expertos en derecho administrativo han instado a que el cumplimiento de esta sentencia sea inmediato, en respeto a la institucionalidad, la legalidad y la seguridad jurídica del país.
Mientras tanto, la alcaldesa Mejía se enfrenta a crecientes críticas por mantener al Ayuntamiento en desacato, lo que también podría derivar en acciones disciplinarias o legales si persiste la inacción frente a lo ordenado por el Tribunal Superior Administrativo.
