La audiencia de medidas de coerción contra cinco imputados, que incluyen a dos empleados del Poder judicial, fue aplazada para el próximo jueves
SANTIAGO, RDq.- El titular de la Fiscalía de Santiago, Osvaldo Bonilla, calificó como «una afrenta contra el sistema de justicia» la falsificación de documentos, incluyendo sentencias, con la cual empleados del Poder Judicial y un vendedor de fianzas buscaban variar la prisión preventiva impuesta por un tribunal contra un imputado de una estructura criminal.
Bonilla se pronunció en estos términos tras su salida de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente, que este martes conocía la solicitud que le hiciera el Ministerio Público para que imponga la prisión preventiva, como medida de coerción y defina el proceso de tramitación compleja, en contra de cinco personas imputadas de pertenecer a una red que falsificó documentos públicos y privados del Poder Judicial a cambio de altas sumas de dinero, para organizar la libertad irregular de un imputado de la Operación Discovery.
El titular de la Fiscalía sostuvo que el Ministerio Público procura que se imponga la prisión preventiva contra los imputados Ariel Antonio Bencosme Reyes y Eddy Alberto Franco, empleados, en condición de suspensión, del Poder Judicial; además contra Francisco de Jesús Comprés Rodríguez, Jonathan Francisco Vázquez Ventura y Francisco Antonio Vázquez Pichardo.
La audiencia fue aplazada para el próximo jueves 30 de marzo en razón de la solicitud que hizo uno de los abogados sumados a la defensa que pidió tiempo para estudiar la imputación y preparar sus medios de defensa.
Los procesados falsificaban resoluciones, contratos de fianzas y otros trámites judiciales, para favorecer, «sobre todo, a imputados por tráfico de armas de fuego, narcotráfico, lavado de activos, ciberdelitos, entre otros hechos graves», por lo que el Ministerio Público espera «que los tribunales le den la importancia y la sanción debida en esta primera etapa», acotó el titular.
La investigación que se encuentra en su etapa inicial contempla imputaciones por los delitos de asociación de malhechores, falsificación de documentos públicos y privados y uso de documentos falsos, en perjuicio del Estado dominicano.
En esta etapa los procesados son cinco, sin embargo, el representante del Ministerio Público advierte que «ampliaremos la investigación, no importa dónde estén las partes que hayan participado, daremos una respuesta contundente, porque se trata de una afrenta al sistema de justicia», enfatizó.
El miembro del órgano de justicia señaló que “no es posible que las decisiones que los jueces toman en una audiencia pública, oral y contradictoria, sean variadas por sinvergüenzas que, a costa de obtener dinero, lo están haciendo».
La investigación trata de develar el alcance que tenía la red y el tiempo que llevaba operando a espaldas de la ley, la verdad y de la justicia.
El Ministerio Público subsume los hechos antes descritos dentro de los tipos penales en los artículos 265, 266, 147, 148, 149, 150, 151 y 152 del Código Penal Dominicano, los cuales contemplan sanciones por los delitos antes descritos.
