El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció este lunes que la Justicia convocará a una audiencia presencial a los representantes de TikTok, en respuesta a las críticas generadas por la reciente muerte de tres adolescentes que participaban en «retos» difundidos en esa plataforma.
«Me informaron que los representantes de TikTok serán citados a una audiencia en Venezuela», comentó Maduro durante su programa de televisión.
El mandatario, quien la semana pasada otorgó a TikTok un plazo de 72 horas para retirar los «desafíos peligrosos» que circulan en su red, destacó que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ya ha iniciado acciones legales relacionadas con el caso. Asimismo, afirmó que los organismos reguladores de comunicaciones en el país están en contacto con TikTok.
«Por primera vez, TikTok Latinoamérica responde a un comunicado de advertencia y protesta sobre la difusión de contenidos que generan daño social. Creo que todos coincidimos en que esto debe terminar», agregó Maduro.
El presidente ha planteado la posibilidad de bloquear el acceso a TikTok en Venezuela y ha instado a los padres a educar sobre «los riesgos de las redes sociales».
Cabe destacar que TikTok enfrenta críticas en otros países como Canadá, Brasil y Estados Unidos, donde se le acusa de recopilar datos personales para espionaje y de servir como herramienta de propaganda del gobierno chino. Sin embargo, ByteDance, la empresa propietaria de TikTok, niega estas acusaciones.
El pasado 8 de agosto, Maduro ordenó el bloqueo de la red social X (anteriormente Twitter), acusando a Elon Musk, su propietario, de promover la desestabilización del país en medio de un contexto poselectoral marcado por denuncias de fraude. Aunque semanas después el acceso fue restaurado para operadoras privadas, sigue restringido para usuarios de la estatal Cantv.
Asimismo, Maduro llamó a boicotear WhatsApp, propiedad de Meta, acusando a la aplicación de incitar al odio y difundir «antivalores». El gobierno venezolano, liderado por el chavismo, busca implementar leyes para regular el uso de redes sociales, actualmente en discusión en el Parlamento de mayoría oficialista.
