La jueza en Delaware que preside el caso de bancarrota de Weinstein Co. rechazó una solicitud de cuatro mujeres que acusaron de conducta sexual inapropiada al magnate cinematográfico caído en desgracia, Harvey Weinstein, de que deje en suspenso su aprobación al plan de quiebra de la compañía.
La jueza emitió el miércoles una orden de una página en la que deniega la petición de un aplazamiento de emergencia mientras las mujeres impugnan la aprobación del plan en una corte federal de distrito en Delaware.
Los abogados de las cuatro mujeres respondieron el viernes con una solicitud a la corte de distrito de que ponga en suspenso la ratificación mientras ese tribunal considera la apelación de las agraviadas.
De acuerdo con la solicitud de bancarrota presentada ante la corte, el plan se ha “consumado sustancialmente”, con entrada en vigor a partir del jueves.
El plan es impugnado por la productora Alexandra Canosa y las actrices Wedil David y Dominique Huett, que han acusado a Weinstein de delitos sexuales, y una exempleada de Weinstein Co. que asegura haber sufrido un ambiente laboral hostil.
De acuerdo con los abogados de las inconformes, el plan incluye exenciones excesivas de responsabilidades a favor de terceros, como compañías aseguradoras y exdirectivos y exdirectores de Weinstein Co. Asimismo arguyen que el plan incluye una provisión que impide de manera injusta a quienes denunciaron mala conducta sexual no consensuada recurrir a demandas.
El plan de bancarrota prevé la entrega de 35 millones de dólares a acreedores. La cantidad es 11,5 millones de dólares menor al plan previo, desechado después que un juez federal en Nueva York se rehusara a aprobar la propuesta de una solución por 19 millones de dólares entre Weinstein y algunas de sus acusadoras. Zanjar aquella demanda colectiva era componente crucial en el plan preliminar de bancarrota.
Aproximadamente la mitad de la solución aprobada, unos 17 millones de dólares, se destina a un fondo único para atender reclamos de mala conducta sexual, una cantidad menor a los 25,7 millones asignados a tres categorías distintas de reclamos por mala conducta sexual incluidos en el plan anterior.
