El Gobierno de la República Dominicana aclaró su rol en la incautación del avión utilizado por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, confiscado por Estados Unidos. El ministro de Exteriores, Roberto Álvarez, informó que el país no formó parte de la investigación liderada por el Departamento de Justicia de EE.UU., limitándose a cumplir una solicitud de cooperación jurídica internacional para inmovilizar la aeronave Dassault Falcon 900EX.
Álvarez explicó que la petición se realizó para facilitar la recolección de pruebas vinculadas a fraude, contrabando y lavado de activos. Añadió que, tras el análisis de los tribunales dominicanos, se autorizó la inmovilización y posterior entrega del avión a las autoridades estadounidenses.
El avión se encontraba en territorio dominicano para mantenimiento. La Cancillería venezolana criticó la acción, calificándola de “piratería” y acusando a EE.UU. de presionar a República Dominicana para participar en este tipo de acciones, en violación del derecho internacional.
El canciller Roberto Álvarez destacó que el gobierno dominicano solo actuó en respuesta a una solicitud de cooperación legal, asegurando que no participó directamente en la investigación liderada por EE.UU. Además, explicó que la aeronave venezolana estaba en República Dominicana por mantenimiento y que el secuestro fue autorizado por un tribunal competente.
Por su parte, el gobierno venezolano acusó a EE.UU. de presionar a la República Dominicana para colaborar en acciones que consideraron «piratería», denunciando una reiterada práctica de intimidación internacional.
