La decisión no resuelve la constitucionalidad del decreto, pero restringe el alcance de los jueces federales para bloquear medidas presidenciales
Bartolo García
El Tribunal Supremo de Estados Unidos otorgó una nueva victoria al presidente Donald Trump al emitir un fallo que limita la capacidad de los jueces federales para suspender decisiones del poder ejecutivo en todo el país, allanando el camino para la entrada en vigor parcial del polémico decreto que pretende eliminar la ciudadanía automática por nacimiento.
El dictamen, aprobado por mayoría de 6-3 con el voto de los jueces conservadores, no se pronuncia sobre la legalidad del decreto, pero reduce el alcance nacional de las resoluciones judiciales que lo bloqueaban. De ahora en adelante, los jueces deberán aplicar sus fallos de forma más limitada, afectando solo a los demandantes del caso, en lugar de extenderlos a todo el territorio estadounidense.
Esta medida debilita la capacidad de los tribunales para frenar políticas presidenciales como la eliminación de la nacionalidad automática para los hijos de inmigrantes indocumentados, derecho garantizado en la Decimocuarta Enmienda de la Constitución desde 1868.
El decreto de Trump fue una de sus primeras decisiones tras regresar al Despacho Oval y ha sido duramente criticado por organizaciones de derechos civiles, que lo consideran un ataque directo a los principios fundamentales de ciudadanía e igualdad ante la ley.
Trump celebró el fallo calificándolo como una “victoria gigantesca” y afirmó que este representa un golpe indirecto al “fraude de la ciudadanía por nacimiento”, argumento que ha sostenido repetidamente para justificar su agenda migratoria.
Durante una rueda de prensa improvisada en la Casa Blanca, el presidente aseguró que esta decisión fortalece el poder ejecutivo y representa un triunfo para “la Constitución, la separación de poderes y el Estado de derecho”, aunque expertos legales y opositores ven el fallo como una amenaza al equilibrio democrático.
La magistrada Amy Coney Barrett, una de las designadas por Trump, fue quien escribió la opinión mayoritaria del fallo, permitiendo que el decreto entre en vigor parcialmente dentro de un plazo de 30 días, tiempo durante el cual podrían presentarse nuevas demandas legales.
En su disenso, la jueza liberal Sonia Sotomayor calificó el fallo como “una farsa del Estado de derecho” y advirtió que la decisión representa una peligrosa renuncia del Supremo a su rol de contrapeso del poder presidencial.
La sentencia ha generado divisiones incluso dentro del propio tribunal. Otras dos opiniones adicionales fueron presentadas por el conservador Brett Kavanaugh y la progresista Ketanji Brown Jackson, mostrando el grado de complejidad y controversia que rodea al caso.
El decreto de Trump afecta no solo a los hijos de indocumentados, sino también a aquellos nacidos de madres extranjeras en el país bajo estatus legal temporal, como turistas o estudiantes, siempre que el padre no sea ciudadano o residente legal.
Desde la sentencia del caso Estados Unidos contra Wong Kim Ark en 1898, el derecho a la ciudadanía por nacimiento ha sido interpretado como automático para todos los nacidos en suelo estadounidense, independientemente del estatus migratorio de los padres.
Ese precedente legal se remonta a la Decimocuarta Enmienda, establecida para garantizar la ciudadanía a los hijos de esclavos y proteger sus derechos tras la Guerra Civil, siendo una de las bases más firmes del sistema de inclusión legal de Estados Unidos.
Con la decisión del Supremo, se reconfigura el equilibrio entre los poderes judicial y ejecutivo, debilitando una herramienta clave utilizada para bloquear medidas presidenciales, lo que ha generado alarma entre líderes demócratas y defensores de derechos humanos.
Organizaciones civiles han advertido que este fallo podría provocar un “caos legal”, al generar interpretaciones fragmentadas de las leyes y exponer a diferentes regiones del país a consecuencias distintas ante una misma orden ejecutiva.
Trump, por su parte, ha insistido en que seguirá presionando para que el Supremo resuelva en el próximo período judicial sobre la constitucionalidad de la ciudadanía por nacimiento, mientras sus opositores advierten que el país se encamina a una deriva autoritaria.
