Las autoridades de salud en Perú han iniciado una investigación sobre la filtración de la historia clínica de la cantante colombiana Shakira, quien fue hospitalizada de urgencia el sábado debido a un «cuadro abdominal» que la obligó a cancelar un concierto en Lima.
La Superintendencia Nacional de Salud (Susalud), encargada de supervisar el sistema sanitario, inspeccionó el lunes la Clínica Delgado Auna, ubicada en Lima, para recolectar pruebas en el marco de la investigación que comenzó ese mismo día, según informó una portavoz del organismo.
Durante la inspección, Susalud entrevistó al personal que podría estar implicado en la divulgación ilegal de los datos médicos de la artista. «Ellos han dado su explicación, la cual es reservada», declaró Ruby Cubas, responsable de comunicaciones de la entidad, a la agencia AFP.
Si bien la ley no contempla el cierre del centro médico por este tipo de infracción, Susalud podría imponerle una multa de hasta 1,6 millones de soles (aproximadamente 400.000 dólares), añadió Cubas.
En un comunicado, la superintendencia indicó que la intervención en la Clínica Delgado Auna se realizó «de oficio» con el propósito de «recabar la información correspondiente a las imágenes propaladas en redes sociales de la historia clínica» de Shakira.
La filtración ocurrió antes de la presentación de la cantante, quien debió cancelar el domingo el primero de los dos conciertos programados en Lima como parte de su gira «Las mujeres ya no lloran».
El sábado por la noche, la artista de 48 años fue ingresada de urgencia en la clínica debido a problemas abdominales. Posteriormente, se reveló que sus datos médicos fueron filtrados y compartidos en redes sociales.
«Hubo una flagrancia pública, todo el mundo ha visto esto, y lo que le ha pasado a ella le puede pasar a cualquier paciente», subrayó la portavoz de Susalud.
Cubas no precisó el tiempo que tomará la investigación, pero aseguró que se llevará a cabo con la mayor «celeridad y transparencia».
Por su parte, la Clínica Delgado Auna comunicó el lunes que ha identificado a los responsables de la filtración y ha iniciado «el proceso sancionador contra las personas con responsabilidad comprobada en este grave incumplimiento ético».