El dirigente del PLD denuncia el resurgimiento de mafias en la frontera y la reducción de repatriaciones
Bartolo García
El excandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Abel Martínez, arremetió nuevamente contra el Gobierno por lo que considera un alarmante retroceso en las políticas de control migratorio en la frontera con Haití. En un comunicado de prensa, Martínez aseguró que la frontera “vuelve a ser tierra de nadie”, donde las mafias de tráfico humano han retomado el control.
Martínez deploró que las medidas anunciadas con entusiasmo por las autoridades, así como los encuentros con expresidentes y figuras internacionales, han quedado en meros actos simbólicos que no han frenado el ingreso de migrantes haitianos irregulares al país. “Las palabras no bastan. Se necesitan acciones concretas y sostenidas”, sentenció.
El exalcalde de Santiago sostuvo que las repatriaciones han disminuido de manera significativa en las últimas semanas, lo que, a su juicio, demuestra una pérdida de voluntad política por parte del Gobierno. Asegura que la vigilancia se ha relajado, lo que ha permitido que las mafias retomen el control de los puntos fronterizos clave como Dajabón, Jimaní, Elías Piña y Pedernales.
“La apertura al diálogo fue un gesto necesario, pero no puede ser un sustituto de la acción firme y sostenida. La soberanía nacional está siendo vulnerada todos los días, mientras el Gobierno se limita a tomarse fotos y a emitir discursos diplomáticos”, añadió el dirigente peledeísta.
Abel Martínez también advirtió sobre el costo económico del descontrol migratorio, afirmando que más del 40 % del gasto hospitalario en zonas fronterizas corresponde a ciudadanos haitianos. Además, señaló que los subsidios indirectos en salud, educación y servicios públicos para esta población podrían rondar los 20 mil millones de pesos anuales.
En su declaración, Martínez apuntó que el impacto no es solo fiscal, sino también laboral. Aseguró que la presencia masiva de trabajadores informales haitianos ha distorsionado el mercado laboral en sectores como la agricultura y la construcción, desplazando a trabajadores dominicanos y debilitando las condiciones laborales en general.
A pesar de los anuncios, Abel sostiene que muchas de las promesas del Gobierno siguen sin ejecutarse. Denunció que no se ha implementado un registro biométrico obligatorio para trabajadores temporales, ni se han reforzado las inspecciones a empresas que contratan indocumentados. También criticó el lento avance en la construcción del muro fronterizo, el cual “carece de supervisión real”.
“El muro, que debía ser una prioridad nacional, está plagado de retrasos. Y mientras tanto, el flujo migratorio no se detiene. La falta de seguimiento solo demuestra que este Gobierno ha bajado la guardia”, puntualizó Martínez.
El también dirigente congresual expresó que es necesario abandonar la pasividad actual y adoptar una postura más firme. Reiteró que no se trata de rechazar el diálogo, sino de entender que la soberanía nacional no puede depender únicamente de la diplomacia.
En respuesta a la crisis, Abel propuso una serie de medidas concretas, entre ellas la implementación de un sistema de permisos laborales controlados, con verificación biométrica, exclusivamente para sectores estratégicos como la agricultura y la construcción.
También planteó la creación de una Unidad de Inteligencia Fronteriza que funcione en tiempo real para combatir las redes de tráfico humano que operan en la zona fronteriza. “No se puede enfrentar un problema organizado sin una respuesta igualmente organizada”, dijo.
Otra de sus propuestas es una campaña nacional para inspeccionar negocios informales, eliminando aquellos sostenidos o dirigidos por inmigrantes en situación irregular, así como la creación de un fondo especial para compensar a los municipios fronterizos por el impacto en sus servicios.
Finalmente, Abel Martínez abogó por una política de repatriación continua, no esporádica. “Las deportaciones no deben depender del momento político o mediático. Deben ser parte de una política de Estado firme, clara y respetuosa de la ley”, concluyó.
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