Exmandatario será procesado por cinco delitos relacionados con el asalto a la democracia tras su derrota electoral en 2022
RÍO DE JANEIRO, BRASIL. – En una decisión unánime, los cinco jueces de la Sala Primera de la Corte Suprema de Brasil votaron a favor de enviar a juicio al expresidente Jair Bolsonaro y a siete de sus más cercanos colaboradores por su implicación en un intento de golpe de Estado tras las elecciones de octubre de 2022, que dieron como ganador al actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva.
La denuncia fue presentada por la Fiscalía brasileña y señala a los acusados por su participación en un complot para abolir violentamente el Estado democrático de derecho, organizar un intento de golpe, formar una organización criminal, y causar daño calificado y deterioro de bienes públicos.
Según las investigaciones, el plan golpista incluía medidas como la redacción de un decreto para instaurar un “estado de defensa”, así como acciones extremas que incluso contemplaban el asesinato de Lula y del juez Alexandre de Moraes. La trama, sin embargo, no llegó a ejecutarse por la falta de respaldo de los altos mandos militares.
El fallo judicial marca un hito en la historia democrática de Brasil, al ser el primer proceso judicial de esta magnitud contra un expresidente por intentar derrocar un gobierno legítimamente constituido. Bolsonaro, quien durante su mandato mostró simpatía por el periodo de dictadura militar (1964-1985), ha negado las acusaciones y se ha declarado “perseguido político”.
Los delitos por los que será juzgado incluyen la abolición violenta del Estado democrático de derecho (pena de 4 a 8 años), golpe de Estado (4 a 12 años), organización criminal (3 a 8 años), daño calificado (6 meses a 3 años) y deterioro de bienes protegidos (1 a 3 años).
Entre los siete imputados junto a Bolsonaro se encuentra Alexandre Ramagem, actual diputado federal y exjefe de la Agencia Brasileña de Inteligencia (ABIN), a quien la Policía Federal considera uno de los principales articuladores de los ataques institucionales. Según el expediente, Ramagem promovió campañas de desinformación contra el sistema electoral y alentó la confrontación con el Tribunal Supremo Federal.
Ramagem también habría jugado un rol central en la creación de narrativas contra las urnas electrónicas, difundidas masivamente por Bolsonaro desde 2021. En 2024, Ramagem fue candidato a la alcaldía de Río de Janeiro, lo que demuestra su permanencia activa en la política brasileña.
La acusación también vincula directamente a Bolsonaro con los disturbios del 8 de enero de 2023, cuando simpatizantes suyos invadieron y vandalizaron las sedes del Congreso, el Palacio del Planalto y el Supremo Tribunal Federal, en un acto que recordó al asalto al Capitolio estadounidense en 2021.
Según la Fiscalía, el objetivo de esta acción fue crear un ambiente de caos institucional que justificara medidas autoritarias por parte del Ejecutivo, en línea con el presunto plan golpista que se venía gestando desde antes de los comicios presidenciales.
El proceso judicial será un desafío para el sistema judicial brasileño y pondrá a prueba la solidez de sus instituciones democráticas en un contexto de polarización política y desinformación generalizada.
Jair Bolsonaro, figura emblemática de la ultraderecha global, ha buscado proyectarse como víctima de una persecución política y ha comparado su situación con la de otros líderes conservadores cuestionados judicialmente.
Aun así, la Corte Suprema ha reiterado que el proceso seguirá su curso con base en evidencias concretas y respeto al debido proceso. En palabras del juez Alexandre de Moraes, “la democracia brasileña no será intimidada ni por amenazas ni por nostalgias autoritarias”.
El juicio representa un punto de inflexión en la historia contemporánea de Brasil, donde la memoria de la dictadura aún está fresca y la defensa del Estado de derecho continúa siendo una prioridad para sectores institucionales y ciudadanos comprometidos con la democracia.
