En los últimos tres años, han sido sometidos 76 casos con ocho condenas efectivas en la República Dominicana
Bartolo García
Puerto Plata, RD. – La Dirección General de Aduanas (DGA), en colaboración con la Procuraduría General de la República, ha intensificado sus esfuerzos en la lucha contra el tráfico de armas en la República Dominicana. Desde el año 2022, han logrado someter a la justicia 76 casos, obteniendo ocho sentencias condenatorias, mientras que las restantes continúan en proceso.
Recientemente, el miércoles 5 de marzo, se dictó una de las sentencias más destacadas. Aquiles Rafael Díaz Peña y Visael González Francisco, ambos de Puerto Plata, fueron condenados a 10 años de prisión cada uno. El tribunal les encontró culpables de tráfico internacional de armas, violando los artículos 265 y 266 del Código Penal Dominicano, así como la Ley 168-21 de Aduanas y la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas.
La operación que llevó a estas condenas fue el resultado de un esfuerzo conjunto con el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (HSI) y otros organismos estatales de investigación, marcando un precedente importante en la cooperación internacional.
El caso se originó tras el descubrimiento de un contenedor en el muelle de Puerto Plata, procedente de Georgia, Estados Unidos, y consignado a la compañía Edi Cargo Express. Este contenedor contenía diversas armas y municiones destinadas al mercado negro dominicano.
Este logro judicial refleja el compromiso continuo de la DGA con la seguridad nacional, al no solo interceptar y confiscar cargamentos ilegales de armas y municiones sino también asegurando que estos casos lleguen a los tribunales y se obtengan condenas efectivas.
La lucha contra el tráfico de armas es crucial para la seguridad interna del país y la protección de sus ciudadanos. Estos esfuerzos son parte de una estrategia más amplia para desmantelar redes criminales transnacionales y asegurar la paz y la estabilidad en la República Dominicana.
Las autoridades reiteran su llamado a la colaboración ciudadana y la importancia de reportar cualquier actividad sospechosa. La participación comunitaria es fundamental para continuar estos éxitos y garantizar un entorno seguro para todos.
Con estas acciones, la DGA y la Procuraduría General de la República demuestran su eficacia y determinación en combatir el crimen organizado y reforzar las leyes nacionales e internacionales que regulan el tráfico de armas.
