Por Bartolo García
Desde el 2020, los procesos judiciales contra exfuncionarios de los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), liderados por Leonel Fernández y Danilo Medina, han revelado un entramado en el que periodistas y comunicadores han encontrado una lucrativa oportunidad, aliándose con abogados para defender a los acusados de corrupción. En lugar de demostrar su inocencia en los tribunales, muchos de los señalados han optado por llevar sus casos a los medios de comunicación, buscando influir en la opinión pública.
En programas de televisión, radio, prensa escrita y plataformas digitales, los defensores de estos exfuncionarios intentan desacreditar los procesos judiciales y manipular la narrativa a favor de sus «preferidos». La estrategia parece clara: desviar la atención de los juicios orales y contradictorios, donde verdaderamente debería probarse la inocencia o culpabilidad, y convertir la opinión pública en un tribunal paralelo.
Casos emblemáticos y defensa mediática
El modus operandi no es nuevo. Durante los juicios de corrupción contra exfuncionarios como el exsecretario de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa y el senador Félix Bautista, se intentó presionar a fiscales y jueces para evitar condenas. Sin embargo, en los últimos años, los casos de corrupción bajo la administración de Danilo Medina han visto un nivel más agresivo de defensa en los medios, especialmente en relación con la llamada Operación Antipulpo y la Operación Medusa.
En estos procesos, figuras como Alexis y Magaly Medina Sánchez, Francisco Pagán Rodríguez y otros allegados al expresidente Medina han sido acusados de malversación de fondos. Los medios de comunicación, con la colaboración de ciertos periodistas y abogados, han intentado minimizar las acusaciones, cuestionando la imparcialidad de los fiscales y desvirtuando los casos en curso.
El caso de Donald Guerrero y la Operación Calamar
Uno de los casos más recientes es el del exministro de Hacienda Donald Guerrero, a quien el Ministerio Público acusa de beneficiar ilegalmente a empresas vinculadas a su hijo Daniel Guerrero Mena y otros socios en contratos fraudulentos con el Estado. Este escándalo, enmarcado en la Operación Calamar, ha revelado un desfalco de casi 21,000 millones de pesos, implicando también a exministros como Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta.
A pesar de la gravedad de las acusaciones, la defensa mediática de estos exfuncionarios no ha cesado. Programas y publicaciones en los que se defienden abiertamente a estos acusados buscan restar credibilidad al trabajo del Ministerio Público, mientras que los abogados encargados cobran generosas sumas por su participación en esta estrategia.
¿Justicia o manipulación mediática?
El patrón es evidente: en lugar de confiar en el sistema judicial, algunos optan por defender a los acusados de corrupción en los medios de comunicación, un espacio donde el dinero y la influencia parecen tener más peso que las pruebas presentadas en los tribunales. La pregunta sigue siendo si estos esfuerzos por desacreditar la justicia afectarán la percepción pública y los futuros veredictos.
Con cada nuevo caso de corrupción, parece que la defensa de los exfuncionarios no solo ocurre en las salas de audiencia, sino también en los estudios de televisión y en las páginas de los diarios, donde la batalla por la opinión pública se libra con tanto fervor como en los tribunales.
