Por Franklin Rosa
Es difícil de aceptar que la Universidad Autónomo de Santo Domingo, Primada de América, haya caído en la violación de la Ley, por la actitud equivocada de pasados rectores, que, escudándose en actitudes baladíes, se colocaron por encima de la Ley y no cumplieron la Sentencia del Tribunal Constitucional No. TC/0409/15/ d/f 22/10/2015, que fue aprobada en rechazo a la Acción de Amparo por Inconstitucionalidad que interpuso la UASD, ante el Tribunal Constitucional, y que dispuso el cumplimiento de las tres resoluciones del Consejo Universitario que disponen la Actualización Salarial para los ex funcionarios de la UASD.
No se explica la denegación de derechos a los maestros meritísimos que han contribuido al nacimiento y desarrollo de la academia, desde el movimiento Renovador Universitario, defendiendo su Alma Mater en los momentos más difíciles de su historia. Todos adultos mayores y en condiciones difíciles de salud, varios han muerto, como son los casos de los maestros: Carlos Temístocles Roa,
José Placido Cabrera, Luis Belliard Alonzo, Antonio Lockward Artiles, Virgilio Bello Rosa y Nicolás Made Serrano, fallecido recientemente.
El espíritu uasdiano y académico, que han mantenido los maestros, para librar una lucha justa de forma silente, sin perjudicar la imagen de la UASD, y sin tomar acciones judiciales con los que han desacatado la Sentencia del Tribunal Constitucional, es digno de admiración.
Las actuales autoridades universitarias, presidida por el rector Editrudis Beltrán Crisóstomo, están conscientes del delito de Desacato Judicial y lo que afecta la imagen de la UASD, al asociarla con las instituciones gubernamentales que han sido denunciadas por el Presidente del Tribunal Constitucional por caer en delito de Desacato Judicial.
La Comisión por la Actualización Salarial integrada por los maestros: Cayetano Rodríguez del Prado, Jesús de la Rosa, Ricardo Corporán, César Mella, Diomedes Robles Cíd, Héctor Martínez, Ana Silvia Reynoso de Abud y Franklin Rosa, han presentado una propuesta a rector que viabiliza la solución, otorgándoles el derecho, bien merecido, de la Actualización Salarial, sin agravar económicamente a la universidad, y poniendo fin al reclamo de 23 años, cumpliendo las Resoluciones del Consejo Universitario y terminando los 8 años de Desacato Judicial, ejecutando la Sentencia del Tribunal Constitucional.
