Él se había encerrado en el Rectorado de la Universidad de Lérida (noreste) para evitar su encarcelamiento.
La Policía detuvo este martes al rapero español Pablo Hasel, que se había encerrado el lunes en el Rectorado de la Universidad de Lérida (noreste) para evitar su encarcelamiento, tras ser condenado por delitos de enaltecimiento del terrorismo e injurias a la Corona.
Decenas de agentes de las fuerzas de seguridad de la región de Cataluña entraron en el edificio para arrestarlo, pues el viernes pasado terminó el plazo para que ingresara voluntariamente en prisión para cumplir una sentencia de nueve meses de prisión.
Ese día, ya advirtió en Twitter de que tendrían que «secuestrarle» para entrar en la cárcel.
Un dispositivo policial formado por decenas de agentes y una veintena de furgones policiales se desplegaron desde las 6.30 horas (5.30 GMT) de hoy en las inmediaciones del rectorado para proceder a la detención de Hasel.
El cantante se encerró en la Universidad de Lérida «para ponérselo a la Policía lo más difícil posible» y con el objetivo, según declaró a Efe, de visibilizar lo que considera un «gravísimo ataque» contra las libertades.
«¡No nos van a doblegar ni con toda la represión, jamás!», exclamó hoy al ser detenido.
La Policía pudo sortear las barricadas que habían situado en las entradas del edificio el medio centenar de activistas encerrados con Hasel, que fueron arrinconados por los agentes para proceder a la detención del cantante.
Los activistas se refugiaron en la tercera planta del edificio mientras lanzaban algunos objetos a los policías, que pudieron contenerlos e identificarlos.
Este lunes, la Audiencia Nacional española volvió a rechazar la suspensión de la ejecución de la condena, al recordar que en 2017 fue condenado por un delito de resistencia o desobediencia a la autoridad; y en 2018, por allanamiento de local.
Hasel fue condenado a nueve meses de prisión, seis años de inhabilitación para ejercer cargo público y al pago de casi 30.000 euros de multa por delitos de enaltecimiento del terrorismo e injurias contra la Corona y las instituciones del Estado español.
Casos como éste han generado un amplio debate en España sobre los límites a la libertad de expresión; el Gobierno, que dirige el socialista Pedro Sánchez, anunció que estudia una reforma legal para restringir que excesos verbales sean considerados delito en el contexto de manifestaciones artísticas, culturales o intelectuales.
Su socio en el Ejecutivo, la formación de izquierda Unidos Podemos, pidió el indulto para el rapero, que ha recibido apoyo de ámbitos como el intelectual, cultural, artístico y periodístico, con manifiestos firmados, entre otros, por el conocido cineasta Pedro Almodóvar o el cantante catalán Joan Manuel Serrat, mientras que organizaciones como Amnistía Internacional (AI) consideraron injusto y desproporcionado el encarcelamiento.
