El expresidente del CODIA sostiene que los cuestionamientos de Miguel Vargas estarían vinculados a la rescisión del contrato adjudicado para el Teatro Agua y Luz
SANTO DOMINGO. — El ingeniero Teodoro Tejada consideró que los constantes ataques del empresario y político Miguel Vargas Maldonado en contra de la gestión del presidente Luis Abinader, responden a motivaciones de carácter contractual y político, principalmente porque le fue rescindido en forma definitiva la concesión del emblemático Teatro Agua y Luz.
Teodoro Tejada explicó que el contrato original adjudicado a Vargas Maldonado durante la administración del expresidente Danilo Medina a la empresa Consultoría Astur, S.A. (vinculada a Vargas Maldonado y a su familia) fue parte de un acuerdo político para que respalde la reelección del gobernante de entonces.
“Ese contrato quedó formalmente anulado tras determinarse su ilegalidad por los tribunales dominicanos y la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP)”, explicó.
El político y profesional de la construcción declaró que el proceso de recuperación del inmueble se debió principalmente al incumplimiento de reconstrucción que se había firmado.
Precisó que la obra ubicada en el Centro de los Héroes estuvo paralizada por más de una década en estado de abandono y deterioro estructural severo.
Añadió que la DGCP, a través de su director Carlos Pimentel, determinó que el procedimiento de licitación original (CFIH-CCC-LPN-2015-001), gestionado por la Corporación de Fomento de la Industria Hotelera y Desarrollo del Turismo (Corphotels), presentaba graves inobservancias a la Ley núm. 340-06 de Contrataciones Públicas.
Detalló que a pesar de los múltiples recursos legales interpuestos por Vargas Maldonado y su empresa por intentar conservar el usufructo del recinto por 25 años, el proceso judicial dio la razón al Estado.
Tejada precisó que la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA) rechazó en dos ocasiones las demandas de Consultoría Astur, S.A. contra la resolución de la DGCP; y la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia ratificó en forma definitiva la ilegalidad del contrato mediante la sentencia 0030-02-2024-SSEN-00604, validando el debido proceso y la potestad fiscalizadora del órgano rector.
El también empresario de la construcción ponderó la decisión del gobierno del presidente Luis Abinader de devolver el Teatro Agua y Luz al patrimonio del Estado dominicano, en virtud del letargo en que se encuentra.
El Gobierno dominicano anunció en el mes de mayo el inicio del proceso de licitación pública para la intervención integral del Teatro Agua y Luz.
