La organización reclamó una convocatoria para escoger y juramentar a seis jueces pendientes, además de aclarar cómo se garantiza la continuidad de los servicios judiciales durante la transición
Bartolo García
Santo Domingo.– La Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO) solicitó al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) completar la integración de la Suprema Corte de Justicia, con la selección y juramentación de los seis jueces pendientes y la definición de la presidencia y sus sustitutos.
La entidad, presidida por Julio César De la Rosa Tiburcio, también reclamó explicaciones sobre el cierre de los despachos de seis magistrados que no continuarán en el alto tribunal, así como información sobre la atención de los expedientes que estaban bajo su responsabilidad.
De la Rosa Tiburcio sostuvo que la transición era conocida y programada, por lo que consideró necesario garantizar que los asuntos judiciales continúen siendo atendidos oportunamente. ADOCCO advirtió que la situación genera incertidumbre sobre el funcionamiento de áreas esenciales de la Suprema Corte.
La organización recordó que las entrevistas a los aspirantes ya concluyeron y que la reunión del CNM prevista para el 21 de octubre, en la que se deliberaría sobre los nuevos magistrados, fue pospuesta por compromisos de agenda del presidente Luis Abinader, quien también encabeza ese órgano.
ADOCCO consideró que la conformación del máximo tribunal debe recibir atención prioritaria por su incidencia en la seguridad jurídica, la tutela de derechos y la administración de justicia. Por ello, pidió al Consejo anunciar una fecha concreta para concluir el proceso.
La organización calificó la demora como un “limbo institucional” y solicitó a las autoridades judiciales precisar quiénes están asumiendo las responsabilidades jurisdiccionales y administrativas, además de informar sobre el funcionamiento de las salas y la gestión de los expedientes durante este período.
ADOCCO insistió en que el CNM debe fijar una fecha y cerrar el proceso pendiente, al tiempo que las autoridades judiciales deben explicar cómo se está garantizando la continuidad de los servicios. De la Rosa Tiburcio sostuvo que quienes esperan una decisión de la Suprema no deben asumir las consecuencias de una transición que, a juicio de la entidad, ya debió haber sido resuelta.
