La nueva instancia fue presentada por Juan Emilio Reyes Trejo y solicita investigar operaciones relacionadas con recursos de la organización política; corresponderá al Ministerio Público determinar si existen responsabilidades
Bartolo García
Santo Domingo, R.D. – Una segunda denuncia fue depositada ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) contra Ramón Emilio Goris Taveras, presidente del Partido Humanista Dominicano (PHD), relacionada con el manejo de recursos pertenecientes a esa organización política.
La nueva acción fue presentada por Juan Emilio Reyes Trejo, quien solicitó formalmente que las autoridades investiguen distintas operaciones financieras vinculadas al PHD. La denuncia procura que el Ministerio Público examine la documentación aportada y determine si los hechos denunciados configuran alguna irregularidad o generan responsabilidades.
Esta instancia se suma a una denuncia presentada previamente por el comunicador social Rafael Bolívar Santos Hernández, quien también acudió ante el Ministerio Público para solicitar una investigación sobre el manejo de fondos de la organización política y el esclarecimiento de las operaciones señaladas.
Entre los elementos puestos a disposición de las autoridades figuran documentos relacionados con cuatro cheques que totalizan RD$7.5 millones, así como información sobre un certificado financiero por igual monto. Además, fueron entregadas otras documentaciones que, según los denunciantes, deben ser examinadas como parte de las diligencias investigativas.
Con la presentación de esta segunda denuncia, el PEPCA deberá evaluar los documentos y señalamientos sometidos y determinar si existen méritos suficientes para profundizar las investigaciones. Hasta el momento, la presentación de las denuncias constituye una solicitud de investigación y no supone por sí misma la determinación de responsabilidad penal contra Goris Taveras.
El caso coloca bajo atención del Ministerio Público las operaciones financieras señaladas por los denunciantes, mientras corresponde a las autoridades verificar el origen, destino y manejo de los recursos mencionados, así como establecer si las actuaciones se realizaron conforme a las disposiciones legales aplicables a las organizaciones políticas.
A partir de las evidencias y diligencias que puedan realizarse, será el Ministerio Público el responsable de establecer si existen infracciones y determinar las responsabilidades que eventualmente pudieran corresponder. Mientras avance el proceso, prevalece la presunción de inocencia de las personas señaladas hasta que exista una decisión de las autoridades competentes.
