República Dominicana debe aspirar a que sus estudiantes dominen varios idiomas, pero antes de convertirlo en una obligación nacional necesita profesores, recursos y una educación básica capaz de sostener esa ambición.
Por Benjamín Cedano | Artículo de opinión
El pasado 31 de agosto, el diputado Julio César Beltré, del PRM, depositó un proyecto de ley que obligaría a las escuelas dominicanas, públicas y privadas, a enseñar creole, inglés y francés desde primaria hasta bachillerato. La propuesta también plantea que los estudiantes acrediten su dominio de esos idiomas al graduarse.
La iniciativa ya generó rechazo político. Luis Abinader expresó su desacuerdo y Ramfis Domínguez Trujillo la rechazó de manera frontal. Pero, más allá de la discusión política, hay una pregunta mucho más sencilla: ¿está el sistema educativo dominicano en condiciones de hacer esto?
Mi respuesta es no, al menos no todavía.
Eso no quiere decir que la idea sea mala. Al contrario, creo que el país debería aspirar a que sus estudiantes dominen más de un idioma. Lo que no podemos hacer es confundir ese objetivo con la capacidad que tenemos hoy para alcanzarlo.
Las bondades de una visión plurilingüe en el Caribe
La República Dominicana necesita avanzar hacia un mayor dominio de idiomas extranjeros. No solo por razones educativas, sino también económicas. El propio proyecto relaciona el inglés con el turismo, el comercio, la competitividad y el acceso a la ciencia y la tecnología.
Y hay datos que respaldan esa necesidad. Un estudio del Instituto Nacional de Migración encontró que el inglés es, con diferencia, el idioma más solicitado por las empresas turísticas. Entre las compañías de más de veinte empleados, la exigencia llega al 81.8 %.
El kreyòl merece una consideración aparte. La República Dominicana comparte frontera con Haití y mantiene con ese país una relación que afecta directamente el comercio, la frontera y la seguridad. Entender su idioma también puede ser una herramienta para manejar mejor esa relación.
No se trata únicamente de una consideración teórica. En 2024, Haití fue el segundo mercado de exportación dominicano, con cerca de US$900 millones, y la balanza comercial del período 2020-2024 fue favorable a República Dominicana en más de US$4,400 millones.
Una precisión necesaria
El rechazo de Domínguez Trujillo tampoco puede ignorarse. En su carta a la Cámara de Diputados presentó el proyecto como un asunto relacionado con migración, identidad cultural y soberanía, no simplemente como una reforma educativa.
Pero de ahí no se desprende que enseñar kreyòl implique ceder identidad. Se puede pensar exactamente al revés: conocer el idioma del país con el que compartimos frontera permite entender mejor lo que ocurre allí y relacionarnos con Haití desde un mayor conocimiento.
Si aceptamos que el inglés tiene valor por razones comerciales y económicas, cuesta sostener que el kreyòl deba juzgarse con un criterio distinto. Los dos idiomas tienen utilidades diferentes, pero ambos pueden ser estratégicos para el país.
La pregunta debería ser dónde hace más sentido enseñarlos, con qué propósito y bajo cuáles condiciones.
El verdadero problema: la brecha entre la ley y el aula
Aquí está, a mi juicio, el problema principal del proyecto.
No es cierto que la propuesta pretenda aplicarse de un día para otro. El propio texto contempla cinco años de implementación progresiva, doce meses para que el Minerd diseñe el currículo y 180 días para elaborar el reglamento. También contempla convenios de cooperación técnica y financiera.
La dificultad está en que la misma exigencia terminaría aplicándose a todo el país, independientemente de las condiciones particulares de cada escuela.
Una cosa es una escuela ubicada en la frontera, donde el conocimiento del kreyòl puede responder a una realidad cotidiana concreta, y otra muy distinta es una escuela que ni siquiera cuenta hoy con los recursos necesarios para impartir adecuadamente las asignaturas básicas.
Los resultados educativos hacen todavía más difícil defender ese calendario. En PISA 2022, República Dominicana obtuvo su mejor resultado histórico, pero quedó en el puesto 77 de 81 países.
En ese contexto, pretender formar y certificar en cinco años profesores de creole y francés en lugares donde hoy prácticamente no existen esos docentes plantea una pregunta básica: ¿tenemos primero la capacidad para hacerlo?
Y antes de enseñar tres idiomas adicionales, todavía tenemos problemas pendientes en comprensión lectora en español.
¿Y si simplemente se vuelve optativo?
Una salida evidente sería convertir la enseñanza de estos idiomas en optativa. Pero tampoco estoy convencido de que eso resuelva el problema.
En nuestro sistema educativo, lo optativo muchas veces termina siendo aquello que recibe menos prioridad, menos recursos y, finalmente, menos atención.
Por eso propondría algo diferente: que el calendario de implementación dependa de metas concretas y verificables. Primero se demuestra que existen los profesores, los programas y los recursos; después se amplía la obligación.
No debería ser una fecha en una ley la que determine cuándo una escuela está preparada para impartir un idioma, sino su capacidad real para hacerlo con calidad.
¿Qué haría entonces?
Hay cuatro cosas que deberían ocurrir antes de convertir esta propuesta en una obligación nacional.
La primera es la más básica: fortalecer la lectura, la escritura y las matemáticas. No tiene mucho sentido avanzar hacia un sistema plurilingüe si una parte importante de nuestros estudiantes todavía no domina adecuadamente las competencias fundamentales.
Después viene el inglés. Debería convertirse en una verdadera prioridad nacional, con presupuesto, cobertura, formación docente y metas que puedan medirse. No basta con agregar otra asignatura al horario y esperar resultados diferentes.
Con el kreyòl y el francés adoptaría un enfoque distinto. Empezaría allí donde tengan mayor utilidad: la frontera y determinadas áreas vinculadas al comercio, la seguridad, el turismo y las relaciones internacionales. Luego ampliaría la cobertura a medida que existan profesores preparados y recursos suficientes.
Y, sobre todo, habría que formar primero a los docentes. Si queremos que los estudiantes aprendan tres idiomas, primero tenemos que preguntarnos quién los va a enseñar.
Una buena meta necesita condiciones para alcanzarse
El país debería discutir seriamente cómo mejorar el dominio de idiomas de nuestros estudiantes. En eso, la propuesta de Beltré abre una conversación necesaria.
Pero una buena política educativa no puede comenzar declarando una obligación y esperando que el sistema encuentre después la manera de cumplirla. Primero hay que formar a los profesores, identificar dónde hacen falta, asignar los recursos y establecer metas que puedan comprobarse.
El plurilingüismo puede convertirse en una política de Estado y sería positivo que República Dominicana avanzara en esa dirección. Pero una aspiración educativa solo produce resultados cuando está acompañada de capacidad institucional.
La meta puede ser correcta. El orden también importa: primero construyamos las condiciones y después hagamos obligatoria la política.
