El decreto 615-26 endurece la respuesta contra quienes provoquen daños deliberados a áreas protegidas y recursos naturales estratégicos, con sanciones que podrían alcanzar entre 20 y 30 años de prisión
Bartolo García
SANTO DOMINGO.– El Gobierno dominicano declaró de alto interés nacional y prioridad estratégica el combate al denominado “terrorismo medioambiental” mediante el decreto 615-26, una disposición que busca fortalecer la prevención, investigación y persecución de acciones deliberadas que provoquen daños graves a parques nacionales, recursos naturales y ecosistemas considerados estratégicos para el país.
Durante la presentación de la normativa en el Palacio Nacional, el presidente Luis Abinader calificó como “terroristas medioambientales” a quienes ejecuten acciones dirigidas a provocar la desaparición o el daño sistemático de los parques nacionales. El mandatario advirtió que el Estado adoptará medidas más contundentes y fortalecerá la persecución contra dominicanos y extranjeros involucrados en este tipo de actividades ilícitas.
Abinader sostuvo que la disposición pretende marcar “un antes y un después” en la protección de los recursos naturales, tras señalar que durante décadas numerosas áreas protegidas no recibieron la atención ni la seguridad jurídica necesarias. Indicó que al comienzo de su administración se determinó que gran parte de estos espacios ni siquiera contaban con títulos de propiedad a nombre del Estado, situación que actualmente se intenta corregir mediante un proceso nacional de titulación.
El jefe de Estado también expresó preocupación por los incendios forestales provocados y otras actividades ilícitas dentro de zonas protegidas, citando el caso del Parque Nacional Sierra de Bahoruco. Advirtió que estas prácticas no solamente ocasionan daños a la flora y la fauna, sino que pueden representar una amenaza para las fuentes de agua, los ecosistemas y la seguridad alimentaria de República Dominicana.
En materia de consecuencias penales, el Gobierno indicó que quienes incurran en conductas graves contra los parques nacionales podrían enfrentar sanciones de entre 20 y 30 años de prisión, conforme a las disposiciones legales aplicables y el nuevo Código Penal. Abinader aseguró que se impartieron instrucciones a las Fuerzas Armadas, la Dirección General de Migración y los organismos de inteligencia para identificar y someter tanto a los autores materiales como a quienes ordenen, financien o patrocinen estas acciones.
El decreto 615-26 otorga protección especial a las áreas protegidas, cuencas hidrográficas prioritarias, presas, embalses, manglares, humedales y nacimientos de ríos. Asimismo, instruye al Comité Nacional Antiterrorista, los ministerios de Defensa y Medio Ambiente, la Policía Nacional y la Dirección General de Migración a coordinar acciones para prevenir y combatir incendios forestales provocados y otras amenazas contra recursos e infraestructuras estratégicas.
La normativa dispone además que las agresiones contra el patrimonio ambiental sean remitidas al Ministerio Público para las acciones penales correspondientes y contempla mecanismos confidenciales de denuncia ciudadana. Con estas disposiciones, el Gobierno busca identificar y perseguir a los denominados “terroristas medioambientales”, reforzando la protección de los parques nacionales y otros recursos naturales considerados esenciales para el país.
