Por Luis González Fabra
En la República Dominicana se ha vuelto casi una costumbre mirar el vaso medio vacío, incluso cuando los indicadores muestran una realidad más compleja y, en muchos aspectos, más alentadora. Desde algunos sectores de la oposición y de la opinión pública se insiste en describir al país como si estuviera al borde del colapso, como si nada funcionara y todo avance fuera apenas una ilusión propagandística. Sin embargo, esa narrativa tropieza con un hecho elemental: los datos, cuando provienen de organismos nacionales e internacionales de reconocida credibilidad, no desaparecen porque contradigan el discurso político.
No se trata de negar los problemas. El país los tiene, y algunos son profundos: el alto costo de la vida, la desigualdad, la informalidad laboral, las deficiencias de los servicios públicos, la inseguridad ciudadana y las brechas sociales que una estadística positiva, por sí sola, no puede borrar. Pero reconocer esas dificultades no obliga a desconocer los avances. Una cosa es exigir más y otra muy distinta es sostener, contra toda evidencia, que la nación marcha hacia el fracaso.
Un ejemplo reciente es el reconocimiento de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), que colocó a la República Dominicana por debajo del umbral internacional de subalimentación y fuera del llamado “mapa del hambre”. Ese dato no significa que todos los dominicanos tengan garantizada una alimentación adecuada ni que el costo de una dieta saludable haya dejado de ser un desafío. Significa, sencillamente, que el país ha logrado una mejora objetiva en uno de los indicadores sociales más sensibles, y que ese avance merece ser reconocido.
Lo mismo ocurre con la economía. Mientras algunos repiten que todo está paralizado, la realidad muestra un panorama diferente. La construcción mantiene un notable dinamismo en distintas regiones del país; el turismo continúa mostrando fortaleza y la inversión extranjera directa sigue reflejando confianza en la estabilidad y las perspectivas de la economía dominicana. Según cifras divulgadas por el Banco Central, en 2025 el país recibió más de once millones de visitantes, generó ingresos turísticos superiores a los US$11,000 millones y captó más de US$5,000 millones en inversión extranjera directa. Asimismo, la economía dominicana registró un crecimiento interanual de 6.4 % en junio de 2026, señalado como el mayor ritmo de expansión observado en lo que va del año. Son cifras difíciles de conciliar con la imagen de una economía en ruinas.
La contradicción resulta evidente. Mientras organismos internacionales y distintos indicadores económicos reconocen avances, parte del debate político insiste en presentar al país como un proyecto fracasado. Esa actitud revela un problema aún más preocupante: la utilización selectiva de los datos. Se aceptan únicamente las cifras que favorecen la propia posición y se desacreditan aquellas que la contradicen. Cuando la política sustituye la evidencia por la conveniencia, el debate público pierde calidad y la ciudadanía pierde referentes confiables.
Los gobiernos no deben utilizar los buenos indicadores como pretexto para la autocomplacencia, ni la oposición convertir cada dificultad en una prueba del desastre nacional. La democracia necesita una crítica firme, pero también intelectualmente honesta, capaz de reconocer los avances sin dejar de señalar las tareas pendientes. Los resultados positivos deben servir como punto de partida para avanzar, no como argumento para ignorar aquello que todavía requiere atención.
La opinión pública tiene derecho a desconfiar, cuestionar y exigir mejores resultados. Pero también necesita valorar los hechos con objetividad. Ningún país progresa ignorando sus problemas, pero tampoco construye un mejor futuro negando sistemáticamente sus logros. La República Dominicana necesita una conversación pública menos dominada por el pesimismo político y más guiada por la evidencia, la razón y el interés nacional.
Los datos no sustituyen el debate político, pero sí deberían elevar su calidad. Las opiniones son libres; los hechos, en cambio, son obstinados. Cuando un país aprende a discutir a partir de la realidad y no de los prejuicios, fortalece la confianza de sus ciudadanos, protege sus instituciones y crea mejores condiciones para corregir lo que aún falta. Una nación madura se construye sobre la verdad completa, no sobre el pesimismo interesado.
