La eliminación de la regla vigente desde 2022 reforzará la evaluación sobre la autosuficiencia económica de quienes soliciten la residencia permanente
NUEVA YORK.– Los dominicanos que tramitan la residencia permanente en Estados Unidos por petición de un familiar o de un prometido(a) podrían verse afectados por los cambios en la política migratoria relacionados con la regla de carga pública, cuya modificación entrará en vigor el próximo 18 de septiembre.
De acuerdo con la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), cualquier extranjero que solicite una visa o la residencia y pueda convertirse en una carga pública puede ser declarado inadmisible. La medida busca garantizar que los solicitantes sean económicamente autosuficientes y no dependan de beneficios financiados por los contribuyentes.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmó que la normativa implementada durante la administración de Joe Biden en 2022 será derogada, como parte de una política impulsada por el presidente Donald Trump para reforzar el cumplimiento de las disposiciones migratorias aprobadas por el Congreso.
Para determinar si un solicitante podría convertirse en una carga pública, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) evaluará aspectos como la edad, el estado de salud, la educación, las habilidades laborales, los ingresos, los bienes y la situación financiera de cada persona.
Asimismo, las autoridades migratorias podrán tomar en consideración el uso de determinados programas de asistencia pública, entre ellos Medicaid, el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), viviendas públicas federales y ayudas para el pago de alquiler, como las contempladas en la Sección 8, entre otros beneficios aplicables.
USCIS informó que publicará una versión actualizada del Formulario I-485, utilizado para solicitar la residencia permanente o el ajuste de estatus, y aclaró que la evaluación por carga pública no aplica a los procesos de naturalización para obtener la ciudadanía estadounidense. La agencia reiteró que cada caso será analizado de manera individual, mientras expertos recomiendan a los solicitantes consultar con un abogado de inmigración o un representante acreditado antes de iniciar o continuar sus trámites.
Con información de Ramón Mercedes
