El nuevo funcionario fue juramentado por el ministro de Justicia, Antoliano Peralta, como parte del fortalecimiento de la defensa jurídica del Estado dominicano
Bartolo García
Santo Domingo.– El presidente Luis Abinader designó al jurista Jorge Herasme Rivas como abogado general de la Administración Pública, cargo que asumió oficialmente tras ser juramentado por el ministro de Justicia, Antoliano Peralta Romero, durante un acto celebrado en la sede de esa institución.
La designación fue realizada mediante el Decreto núm. 419-26, con el que el Poder Ejecutivo continúa la implementación de la nueva estructura institucional contemplada en la reforma constitucional y en la Ley Orgánica del Ministerio de Justicia.
Durante la ceremonia, el ministro Antoliano Peralta destacó la importancia de esta nueva figura para fortalecer la defensa jurídica del Estado, recordando que anteriormente la Administración Pública enfrentaba limitaciones para responder de manera especializada a los procesos contenciosos presentados en su contra.

Por su parte, Jorge Herasme Rivas expresó que asume la responsabilidad con compromiso y sentido institucional, al considerar que la nueva oficina contribuirá a garantizar una representación más técnica, coherente y eficiente de los intereses del Estado dominicano.
La Oficina del Abogado General de la Administración Pública surge a partir de la reforma constitucional de 2024, que modificó el artículo 167 de la Constitución, y quedó organizada como un órgano desconcentrado del Ministerio de Justicia mediante la Ley núm. 80-25. Entre sus funciones se encuentran representar a la Administración Pública ante la jurisdicción contenciosa administrativa y coordinar la defensa jurídica de los organismos estatales.
La legislación también contempla la creación de hasta cinco abogados adjuntos, un cuerpo de abogados ayudantes especializados y una carrera profesional destinada a fortalecer la representación legal del Estado con personal altamente capacitado.
Jorge Herasme Rivas, quien cuenta con más de doce años de experiencia en el ejercicio de la abogacía, la docencia universitaria y el sistema de justicia, tendrá la responsabilidad de encabezar esta nueva dependencia, considerada un paso importante para consolidar la transparencia, la seguridad jurídica y el fortalecimiento del Estado Social y Democrático de Derecho en la República Dominicana.
