El exministro de Obras Públicas aseguró que el recurso busca afectar sus aspiraciones presidenciales de cara a las elecciones de 2028
Bartolo García
Santo Domingo.– El exministro de Obras Públicas y aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo, calificó como una «persecución política» el recurso de apelación interpuesto por el Equipo de Recuperación del Patrimonio Público (ERPP) contra la decisión judicial que le otorgó un auto de no ha lugar en el denominado caso Calamar.
A través de una publicación en su cuenta de la red social X, Castillo afirmó que la apelación busca revocar la decisión emitida por el tribunal y mantener las medidas de coerción en su contra con el propósito de afectar sus aspiraciones políticas de cara a las elecciones presidenciales de 2028.
Hoy el Gobierno del PRM y sus abogados apelaron la decision de la jueza que me otorgó un auto de no ha lugar.
— Gonzalo Castillo Terrero (@GonzaloCastillo) June 29, 2026
Quieren revocar la decisión y mantener medidas de coerción en mi contra para tratar de frenar mi candidatura en 2028.
Esto es persecución política pura#Lawfare ¡El…
El dirigente peledeísta sostuvo que la acción responde a una estrategia política impulsada por el Gobierno. «Quieren revocar la decisión y mantener medidas de coerción en mi contra para tratar de frenar mi candidatura en 2028. Esto es persecución política pura. #Lawfare», escribió en su mensaje.
Asimismo, manifestó que continuará adelante con su proyecto político pese al proceso judicial. «¡No lo van a lograr! ¡No nos van a detener! Vamos con to’, por la República Dominicana que soñamos», expresó el exfuncionario.
La reacción de Castillo se produjo luego de que el Equipo de Recuperación del Patrimonio Público, en representación del Estado dominicano, depositara un recurso de apelación parcial contra la resolución que le otorgó el auto de no ha lugar dentro del proceso conocido como caso Calamar.
Con esta nueva actuación judicial, el proceso continúa en los tribunales, donde las instancias correspondientes deberán conocer el recurso presentado por el Estado y decidir si mantienen o modifican la decisión que favoreció al exministro de Obras Públicas.
