La justicia ordenó además el pago de RD$5,000 millones al Estado dominicano y sanciones económicas para varios de los implicados en el entramado de corrupción
Bartolo García
SANTO DOMINGO.– El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional dictó condenas de 20 años de prisión contra el mayor general Adán Cáceres Silvestre, el general Juan Carlos Torres Robiou y el coronel Rafael Núñez de Aza, tras encontrarlos culpables de integrar una estructura de corrupción que provocó millonarias pérdidas al Estado dominicano en el denominado Caso Coral.
La sentencia establece que los tres exfuncionarios fueron hallados responsables de delitos relacionados con asociación de malhechores, desfalco, enriquecimiento ilícito, prevaricación, estafa contra el Estado, soborno y lavado de activos, dependiendo de la participación atribuida a cada uno dentro del entramado.
El tribunal determinó que Adán Cáceres, exdirector del Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP), y Juan Carlos Torres Robiou, exdirector del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR), incurrieron en graves actos de corrupción aprovechando las posiciones que ocuparon dentro de la administración pública.
En el caso del coronel Rafael Núñez de Aza, la decisión judicial establece su responsabilidad en delitos de lavado de activos agravado, soborno, estafa al Estado y enriquecimiento ilícito, entre otras infracciones vinculadas al esquema de corrupción investigado por el Ministerio Público.
Asimismo, el tribunal condenó al general Julio Camilo de los Santos Viola y a la pastora Rossy Guzmán a 15 años de prisión, además del pago de 400 salarios mínimos, al considerar probada su participación en actividades relacionadas con la estructura criminal desmantelada.
Como parte de la sentencia, los jueces también ordenaron el pago de RD$5,000 millones en favor del Estado dominicano, así como sanciones económicas adicionales para varios de los condenados, en procura de resarcir los daños ocasionados al patrimonio público.
La decisión marca uno de los fallos más relevantes emitidos en los últimos años en materia de corrupción administrativa en República Dominicana, cerrando una extensa fase judicial que investigó el presunto desvío de recursos públicos mediante una red integrada por militares, funcionarios y particulares.
