El dirigente del PLD exige transparencia en los proyectos de explotación en San Juan y la Cordillera Central y pide publicar estudios, contratos y evaluaciones técnicas
Bartolo García
Santo Domingo.– El aspirante presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Francisco Domínguez Brito, denunció la falta de transparencia del Gobierno en el manejo de los proyectos de explotación minera en San Juan y la Cordillera Central, asegurando que existen señales preocupantes sobre la influencia de intereses mineros en las decisiones públicas.
El exministro de Medio Ambiente afirmó que las autoridades se han negado a explicar con claridad los detalles, alcances y beneficiarios de estas iniciativas, lo que ha generado una creciente desconfianza en distintos sectores de la población. Según indicó, esta situación ha despertado sospechas sobre posibles irregularidades en el proceso.
“Se percibe un lobby agresivo e intenso. Más aún, mucha gente comienza a presumir que ha habido pagos y dinero de por medio, porque de lo contrario no se entiende la actitud irresponsable del gobierno”, expresó Domínguez Brito al referirse al debate generado en torno a estos proyectos mineros.
El dirigente político sostuvo que el soborno no debe entenderse únicamente como la entrega de dinero, sino también como prácticas de tráfico de influencias, amiguismos y contubernios que terminan distorsionando la toma de decisiones dentro del Estado y afectan la confianza pública.
Asimismo, advirtió que la falta de información y la opacidad en estos procesos ponen en riesgo recursos vitales como las fuentes de agua, los bosques y la seguridad ambiental del país, especialmente en zonas de alta sensibilidad ecológica como la Cordillera Central.
Domínguez Brito aclaró que no se opone a la minería como actividad económica, pero insistió en que esta debe desarrollarse con responsabilidad, sin afectar áreas protegidas ni poner en peligro el equilibrio ambiental. Señaló que ningún proyecto puede dejar más daños que beneficios para la nación.
Finalmente, criticó lo que definió como una postura “arrodillada y en silencio” del Gobierno frente a estos intereses y exigió la publicación inmediata de todos los estudios, contratos y evaluaciones técnicas, además de la apertura de un proceso transparente y participativo para que el país conozca la verdad.
