Por HUMBERTO CONTRERAS VIDAL
Habitualmente se utiliza la palabra “Ley” para referirnos a las normas jurídicas que pretenden organizar la convivencia humana. Sin embargo, como químico, mi formación me obliga a establecer diferencias entre las leyes o normas jurídicas y las leyes naturales, esas que describen el comportamiento de la materia y la energía.
Las leyes naturales son inmutables, esto quiere decir que no cambian, que no pueden ser alteradas o violadas. Son leyes que no necesitan de policías ni de ningún sistema judicial para que se cumplan. Ya que la naturaleza se encarga de hacer que se cumplan aunque no seamos conscientes de ellas. Cada vez que llueve la naturaleza nos recuerda cual es el camino por donde pasa el agua. Olvidar o intentar alterar esta realidad es lo que provoca inundaciones y lleva luto a las familias del mundo. Acercar un fósforo encendido a un combustible provocará un incendio independientemente de que la persona que lo haga sea un niño, adulto, viejo, “loca” o “cuerda”.
Las leyes diseñadas por el ser humano, para regular la conducta social, pueden ser violadas. Esto quiere decir que, no siempre se cumplen. Debido a que dependen de la voluntad de cada persona para cumplirlas. Y sobre todo, de la capacidad represiva del Estado; lo cual se manifiesta con la voluntad, responsabilidad, y valores éticos con que cuente todo el sistema judicial para hacer cumplir esas leyes.
El reciente homicidio, o quizás posible asesinato, de Deivy Carlos Abreu Quezada, chofer de un camión de basura, ha impactado la conciencia de muchos dominicanos. Ojalá hubiese existido una ley natural que mediante una reacción química hubiera impedido instantáneamente la violencia salvaje ejercida por aquel grupo de motoconchistas. La realidad es que una ley natural como esa no existe. En consecuencia, todos dependemos de un sistema judicial que es institucionalmente débil, y que en muchos casos, utiliza leyes anacrónicas (que no se corresponden con esta época), y por tanto, son ineficaces.
Resulta intolerable, aborrecible y provoca impotencia que en nuestro marco jurídico persista la absurda costumbre de criminalizar la propiedad y no la conducta. La sociedad dominicana no puede seguir aceptando que una persona sea castigada jurídicamente sólo porque la matrícula de un vehículo está a su nombre. Proteger un motorista irresponsable que choca con un vehículo detenido, o bien, que ese vehículo esté en cumplimiento de las normas de tránsito, es en la práctica, una forma de complicidad institucional con el desorden que se observa en las calles de Santiago y Santo Domingo.
Hay que parar las constantes violaciones de las leyes de tránsito de los motoristas y su permanente manejo temerario. Si un motorista colisiona (choca) debido a su propia imprudencia e irresponsabilidad, la ley debe proteger primero a la persona y el vehículo que ha sido chocado, sin importar su tamaño. Hay que aprovechar la muerte trágica de Deivy Abreu para que este problema quede definitivamente resuelto a nivel institucional. Que la familia del mismo alcance conformidad y que ninguna otra familia tenga que vivir nuevamente un hecho como ese.
Al final, el resultado de estos hechos, es el mismo: matar con un arma de fuego, con una motocicleta o con un automóvil, es en esencia, terminar con la vida de una persona. La intención siempre será discutible en un tribunal. No obstante, un muerto seguirá muerto sin importar si hubo intención o no.
Se reitera que ha llegado el momento de que las autoridades competentes apliquen con rigor las leyes actuales, y también, que se atrevan a aprobar nuevas leyes más estrictas.
No podemos esperar que el sistema judicial actúe como la naturaleza de forma instantánea, pero sí podemos exigir que sea, al menos, tan constante como ella.
El autor es doctor en ciencias químicas y reside en Santiago de los Caballeros. [email protected]
