Por Asiaraf Serulle
La República Dominicana no carece de leyes. Contamos con la Ley 225-20 sobre Gestión Integral de Residuos Sólidos, con fondos, contribuciones empresariales y estructuras diseñadas para enfrentar uno de los mayores problemas ambientales del país. Sin embargo, la realidad es evidente: nuestras calles, carreteras, cañadas y espacios públicos siguen llenos de basura. Y eso nos obliga a decir una verdad incómoda: el problema no es solo del sistema, es de todos.
Nos hemos convertido en una sociedad que critica, pero no corrige; que exige, pero no cumple. Señalamos al gobierno y a las instituciones, pero al mismo tiempo somos los mismos que, desde un vehículo, lanzamos una botella o una funda sin pensar en las consecuencias. Es una contradicción constante que refleja una profunda falta de conciencia.
Pero esta crítica no puede quedarse únicamente en el ciudadano. También hay responsabilidad en quienes ocupan posiciones de poder. Porque no basta con aprobar leyes o anunciar planes si no existe una voluntad real de hacerlas cumplir. En el país sí existen normas que prohíben tirar basura y permiten sancionar estas conductas, tanto a nivel nacional como municipal. El problema es que rara vez se aplican.
La realidad es que, en muchos casos, las autoridades actúan más como observadores que como responsables del orden. Se fiscaliza poco, se sanciona menos y se permite demasiado. Y así, el mensaje que recibe la sociedad es claro: aquí no pasa nada.
Ejercer una función pública con responsabilidad implica más que discursos. Implica estar en el territorio, supervisar, exigir cumplimiento y asegurarse de que las leyes no se queden en el papel. Implica tener la voluntad de corregir, aunque eso tenga costo.
Y es precisamente ahí donde se necesita una política con propósito: una política que no solo critique, sino que actúe; que entienda que el orden, la limpieza y el cuidado del medio ambiente no son temas secundarios, sino parte esencial del desarrollo de un país.
Ahora bien, nada de esto exime al ciudadano. Porque el problema de la basura en la República Dominicana también es cultural. Es la normalización de malas prácticas, la falta de educación y la ausencia de consecuencias lo que ha permitido que esta conducta se repita.
Lo más revelador es que el dominicano sí sabe comportarse. Cuando viaja, respeta. Camina lo necesario para encontrar dónde botar la basura. Entonces, no es falta de capacidad, es falta de compromiso con su propio país.
Y mientras seguimos en esta dinámica, las consecuencias están a la vista: drenajes tapados que provocan inundaciones, ríos contaminados, enfermedades, espacios públicos deteriorados y una imagen país que se debilita ante quienes nos visitan. Un país hermoso no puede seguir luciendo descuidado por decisiones que se repiten todos los días.
Frente a esta realidad, no basta con señalar. Es momento de actuar. Se necesita un régimen de consecuencias real, donde tirar basura en la calle tenga sanciones que se apliquen. Se necesita educación constante, desde las escuelas hasta campañas públicas que lleguen a todos. Y se necesita supervisión efectiva, con autoridades presentes que hagan cumplir la ley.
Pero también se necesita algo más simple: que cada ciudadano entienda que el país no es un lugar ajeno, sino una responsabilidad compartida.
Porque la realidad es simple: no podemos seguir siendo lo que somos en este tema. No podemos seguir destruyendo nuestro país con nuestras propias manos, ni proyectando al mundo una imagen de descuido que aleja a quienes vienen a visitarnos y a invertir en nosotros.
Este no es un problema menor, es un reflejo de quiénes somos y hacia dónde vamos.
El cambio no es opcional, es urgente. O asumimos con responsabilidad el cuidado de nuestro entorno, o seguiremos pagando las consecuencias en salud, en economía y en reputación como nación.
La República Dominicana merece más. Y ese cambio no puede esperar.
