Autoridades capacitan a directivos para garantizar cumplimiento normativo y uso responsable de recursos públicos
Bartolo García
El Ministerio de Educación realizó una jornada institucional en coordinación con la Procuraduría General de la República, enfocada en dar a conocer los principales alcances de la nueva Ley de Compras y Contrataciones Públicas y del nuevo Código Penal.
La actividad estuvo dirigida a directores regionales, distritales y personal administrativo de la sede central, con el objetivo de fortalecer la transparencia, la integridad y el cumplimiento de la normativa en los procesos del sistema educativo.
El taller contó además con el respaldo de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental y la Dirección General de Contrataciones Públicas, como parte de un esfuerzo conjunto para promover buenas prácticas en la gestión pública.
Durante la jornada, la procuradora general Yeni Berenice Reynoso explicó los aspectos más relevantes del nuevo Código Penal, destacando su modernización y el impacto que tendrá en el fortalecimiento del sistema de justicia.
Por su parte, Carlos Pimentel presentó los elementos clave de la nueva Ley de Compras y Contrataciones, resaltando la importancia de mejorar los mecanismos de control y garantizar mayor transparencia en el manejo de los recursos del Estado.
El ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, subrayó que la correcta administración de los fondos públicos es esencial, especialmente en un sector que gestiona una de las mayores inversiones del país.
“El sistema educativo no solo administra procesos, sino también el futuro de la nación, lo que exige actuar con rigor, transparencia y compromiso”, expresó el funcionario durante su intervención.
Asimismo, la directora de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, enfatizó la importancia de consolidar una cultura de honestidad y respeto a las normas dentro de la administración pública.
Con esta iniciativa, el Ministerio de Educación reafirma su compromiso con la formación continua de su personal y el fortalecimiento institucional, promoviendo una gestión pública más transparente, eficiente y alineada con las leyes vigentes.
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