El aspirante presidencial del PLD solicita una investigación exhaustiva por presuntas irregularidades financieras y administrativas
El aspirante presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana, Francisco Domínguez Brito, solicitó formalmente a la Procuraduría General de la República la apertura de una investigación integral sobre la gestión de las pasadas autoridades de Seguros Banreservas, durante el actual período gubernamental.
La petición, realizada este lunes, se fundamenta en lo que Domínguez Brito calificó como “serios indicios” que comprometerían la legalidad, la transparencia y la correcta administración de recursos públicos dentro de la aseguradora estatal.
Según explicó, informaciones públicas, análisis financieros recientes y trabajos periodísticos han revelado pérdidas operativas reiteradas, así como un deterioro significativo de los indicadores de rentabilidad y liquidez de la entidad.
El dirigente político también advirtió sobre la existencia de operaciones atípicas entre entidades vinculadas al mismo grupo financiero, las cuales —a su juicio— podrían estar encubriendo déficits reales o eventuales desviaciones de recursos.
De manera específica, Domínguez Brito solicitó que se investiguen posibles pagos ilegales de comisiones en contratos de seguros y reaseguros, así como eventuales sobornos a funcionarios o intermediarios involucrados en dichas operaciones.
Asimismo, pidió indagar una presunta alteración o manipulación de estados financieros, el uso indebido de recursos públicos mediante transferencias internas sin justificación económica real y la contratación de reaseguros sin la debida capacidad legal o técnica.
“El país no puede normalizar la opacidad ni aceptar que entidades públicas operen sin el debido escrutinio. Cuando se administran recursos que pertenecen a todos los dominicanos, la rendición de cuentas no es opcional, es una obligación legal y ética”, expresó el aspirante presidencial.
Domínguez Brito insistió en que su solicitud no responde a intereses partidarios ni a coyunturas electorales, sino a un compromiso con la institucionalidad, la transparencia y el fortalecimiento del Estado de derecho.
En ese sentido, exhortó a que cualquier investigación que se inicie se realice con rigor técnico, independencia y apego absoluto a la ley, garantizando el debido proceso y la objetividad de las conclusiones.
Finalmente, sostuvo que la confianza ciudadana solo puede recuperarse cuando los hechos se investigan a fondo, las responsabilidades se establecen con claridad y las irregularidades se sancionan sin excepciones ni privilegios, reafirmando su llamado a una gestión pública basada en la ética y la rendición de cuentas.
