Ministerio Público imputa al mayor Diego Geraldo Mesa Arismendy por el homicidio de Perla Jokasta Santos Pacheco
Bartolo García
El Ministerio Público anunció que solicitará prisión preventiva como medida de coerción contra el mayor del Ejército de la República Dominicana, Diego Geraldo Mesa Arismendy, señalado como responsable de la muerte de la joven Perla Jokasta Santos Pacheco, de 19 años.
El hecho ocurrió en la madrugada del 26 de diciembre en el sector Los Guandules, ubicado en el Distrito Nacional, donde la víctima perdió la vida en circunstancias que continúan bajo investigación por las autoridades competentes.
De acuerdo con la acusación preliminar, la joven falleció tras recibir un disparo en la cabeza luego de haber salido de su residencia en horas de la madrugada con un grupo de amigos. Su cuerpo fue encontrado posteriormente en la vía pública, lo que activó de inmediato las pesquisas oficiales.
El imputado, identificado como Diego Geraldo Mesa Arismendy, de 48 años de edad, fue arrestado el sábado tras una labor investigativa desarrollada por las autoridades y puesto a disposición del órgano persecutor.
Según informó la Policía Nacional, el arresto fue realizado por miembros del Departamento Operativo II de Investigaciones de Homicidios, adscrito a la Dirección Central de Investigación, con la participación de representantes del Ministerio Público.
Tras su detención, el mayor fue trasladado y permanece recluido en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, mientras se agotan los procedimientos correspondientes para el conocimiento de la medida de coerción.
El Ministerio Público informó que ha reunido elementos probatorios suficientes que vinculan al oficial con el hecho, razón por la cual se procederá a depositar formalmente la solicitud de prisión preventiva ante la Oficina de Atención Permanente.
Las autoridades precisaron que, hasta el momento, Mesa Arismendy es la única persona detenida en relación con el caso, aunque las investigaciones continúan abiertas para determinar si existen otros implicados o circunstancias adicionales que deban ser esclarecidas.
El órgano acusador reiteró que la solicitud de coerción se fundamenta en la gravedad del hecho, el uso de arma de fuego y la necesidad de garantizar la presencia del imputado durante el proceso judicial.
Asimismo, indicó que la calificación jurídica provisional del caso responde a la naturaleza violenta del suceso y al impacto social generado por la muerte de una joven en un contexto que ha consternado a la comunidad.
La familia de la víctima ha exigido justicia y un proceso transparente, mientras organizaciones comunitarias y ciudadanos han expresado su indignación por el hecho ocurrido en plena temporada navideña.
Por su parte, la Policía Nacional aseguró que colaborará de manera plena con el Ministerio Público, aportando todas las evidencias y peritajes necesarios para el esclarecimiento total del caso.
El proceso judicial seguirá su curso conforme a lo establecido por la ley, respetando las garantías del debido proceso y los derechos de las partes involucradas.
Las autoridades reiteraron su compromiso de que hechos de esta naturaleza no queden impunes y de fortalecer las acciones contra la violencia, especialmente cuando involucra a miembros de los cuerpos armados del Estado.
