El Decreto 396-25 fortalece la aplicación de la Ley 368-22, promoviendo un desarrollo municipal planificado, equilibrado y sostenible
Bartolo García
El presidente de la República, Luis Abinader, emitió el Decreto núm. 396-25 que aprueba el Reglamento de aplicación de la Ley núm. 368-22 sobre Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos, un paso clave para modernizar la gestión del territorio en el país.
El anuncio fue realizado por el Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta Romero, quien explicó que este reglamento busca convertir en realidad los principios establecidos en la ley, garantizando una mejor organización y desarrollo de las ciudades y comunidades.
El reglamento fue redactado por el Viceministerio de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Regional del Ministerio de Economía, tras un proceso de consulta pública, socialización y revisión liderado por la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo.
En dicho proceso participaron activamente instituciones como los ministerios de la Presidencia, Turismo, Vivienda y Edificaciones, así como asociaciones municipales y representantes del sector empresarial, quienes ofrecieron aportes clave para su formulación final.
Una de las disposiciones más relevantes del reglamento es la obligación de los gobiernos locales de crear y aprobar planes de ordenamiento territorial. Esto permitirá que el uso del suelo en cada municipio responda a criterios técnicos y a las características propias de su entorno.
Las oficinas municipales de planeamiento urbano estarán ahora legalmente obligadas a emitir autorizaciones solo para proyectos de infraestructura que sean compatibles con el tipo de suelo de la zona, lo que contribuirá a evitar construcciones en lugares no aptos o de riesgo.
Además, en las áreas con potencial turístico, cualquier desarrollo requerirá no solo el permiso del ayuntamiento local, sino también una certificación de viabilidad por parte del Ministerio de Turismo, elevando así los estándares de aprobación de estos proyectos.
El reglamento también asigna al Ministerio de Hacienda y Economía la tarea de certificar qué distritos municipales cumplen con los requisitos del artículo 24 de la Ley 368-22, necesarios para poder gestionar autónomamente el uso de suelo en sus territorios.
Con esta nueva normativa se busca que cada demarcación municipal cuente con una guía estratégica que armonice sus aspiraciones de crecimiento con el respeto por el medioambiente, la seguridad estructural y las necesidades sociales de sus habitantes.
Esta medida representa un avance hacia la descentralización responsable y la planificación urbana moderna, en un contexto nacional que exige soluciones claras ante el crecimiento desordenado de muchas comunidades.
Tanto la Ley 368-22 como su reglamento son parte de una estrategia de desarrollo integral impulsada por el Gobierno dominicano, centrada en la equidad territorial y la sostenibilidad.
Con este marco normativo, se abre el camino para que el país construya ciudades más resilientes, mejor conectadas y con una distribución de servicios e infraestructuras que favorezca la inclusión y el bienestar.
El presidente Abinader continúa así reforzando su agenda de reformas estructurales, con énfasis en la planificación territorial como herramienta para el desarrollo sostenible y la mejora de la calidad de vida.
Este decreto marca un antes y un después en la manera en que los gobiernos locales y nacionales gestionan el crecimiento urbano, alineando el desarrollo con una visión técnica, ambiental y participativa.
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