El exprocurador advierte que se pondría en riesgo la independencia del Ministerio Público y se favorecería la manipulación de investigaciones sensibles
Bartolo García
Santo Domingo, RD. – El ex Procurador General de la República y ex senador Francisco Domínguez Brito lanzó fuertes críticas contra el proyecto del Gobierno que busca crear un Ministerio de Justicia, afirmando que dicha institución no aportaría a la consolidación del sistema judicial, sino que funcionaría como “el Ministerio del chantaje”.
Domínguez Brito sostuvo que el verdadero propósito de la iniciativa no es institucional ni técnico, sino político. Según explicó, este nuevo ministerio buscaría restar independencia al Ministerio Público y otorgarle al Poder Ejecutivo facultades que pondrían en peligro investigaciones judiciales en curso.
“El objetivo es claro: politizar funciones clave como el régimen de pruebas, y asumir el control del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), lo que permitiría manipular investigaciones de alto impacto que afectan a funcionarios del gobierno y a miembros del partido oficialista”, expresó.
De manera enfática, el exprocurador señaló que con esta medida se abre la puerta a la intervención directa del poder político en procesos judiciales que deben permanecer bajo la tutela técnica e imparcial de un Ministerio Público independiente.
Uno de los puntos más críticos, según Domínguez Brito, es la intención de colocar bajo la égida del nuevo ministerio áreas estratégicas como el sistema penitenciario, el registro de asociaciones sin fines de lucro y la administración de pruebas en los procesos judiciales.
“El control del sistema penitenciario puede convertirse en una herramienta para presionar a jueces, fiscales y testigos. Y si se le suma el dominio del INACIF, estaríamos ante una peligrosa acumulación de poder para favorecer o perjudicar procesos según conveniencias políticas”, advirtió.
Para el también dirigente político, este proyecto constituye una regresión institucional disfrazada de modernización. A su juicio, lejos de mejorar la justicia, podría causar fragmentación, conflictos innecesarios entre entidades estatales y un mayor costo operativo del sistema.
“No se trata de avanzar, sino de retroceder. Esto es una contrarreforma que atenta contra todo lo que se ha construido con tanto esfuerzo en materia de justicia. Lo que genera es desconfianza y debilita aún más la credibilidad de las instituciones”, enfatizó.
Domínguez Brito hizo un llamado a los sectores de la sociedad civil, al liderazgo político responsable y a la comunidad jurídica a rechazar de forma categórica esta propuesta y defender la autonomía del Ministerio Público como un principio innegociable.
Insistió en que lo que el país necesita no es un nuevo ministerio, sino una segunda ola de reformas enfocadas en agilizar los procesos, reducir la burocracia, garantizar el acceso a la justicia y blindar el sistema frente a toda forma de interferencia política.
“La justicia debe ser más rápida, más transparente y más eficaz. Y sobre todo, debe estar totalmente libre de influencias partidarias que comprometan su imparcialidad”, subrayó.
Domínguez Brito también recordó que la lucha contra la corrupción ha sido una de las principales demandas ciudadanas, y cualquier intento de socavar las capacidades del Ministerio Público representa un golpe directo a esa causa.
Reiteró que los avances logrados en los últimos años no pueden ser desmontados bajo ninguna excusa política o administrativa. “No podemos permitir que la justicia se convierta en una herramienta del poder para proteger a unos y perseguir a otros”, declaró.
Finalmente, instó al Congreso Nacional a actuar con responsabilidad histórica y rechazar esta iniciativa que, en sus palabras, “amenaza con destruir el delicado equilibrio que debe existir entre los poderes del Estado”.
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